Las duras medidas antiinmigratorias tomadas en los últimos días en los EE. UU. reflejan una preocupación creciente por la inmigración ilegal y sus efectos sobre la economía y la sociedad estadounidenses. El presidente Bush acaba de anunciar el envío de 6.000 soldados de la Guardia Nacional para patrullar la frontera con México, por la cual transitan trabajadores golondrina, inmigrantes ilegales y también narcotraficantes.
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A ello se agrega la aprobación de la construcción de un muro. También se aprobó un plan que permite alcanzar la ciudadanía a millones de indocumentados que estén en condiciones de acreditar buena conducta.Estas medidas tratan de resolver las contradicciones entre una economía próspera, que demanda mano de obra no calificada y puede ofrecer empleos de esta naturaleza, y un sistema social y jurídico que no integra a los potenciales o reales empleados ni les otorga los derechos ciudadanos con la misma facilidad. Pero la decisión de militarizar la frontera con México va por otro lado: ataca el aspecto policial del problema, pero claramente no lo resuelve. Supone, además, una concepción que puede generar discriminación y prejuicios y que no hace honor a la tradición multicultural de los EE. UU. como país que creció y se desarrolló gracias a las oportunidades brindadas a gentes venidas de otras tierras en la búsqueda de un mayor bienestar.
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