Ocho países de la Unión Europea sumarán en los próximos 20 días patrulleras de alta mar y aviones de reconocimiento al dispositivo de vigilancia puesto a punto por el Ministerio de Defensa en las Canarias para controlar las oleadas de pateras y cayucos que salen desde la costa occidental africana camino de las islas, con su carga de inmigrantes ilegales a bordo.

El refuerzo de las patrullas aéreas y marítimas supervisará el tráfico de inmigrantes ilegales desde Marruecos hasta Senegal y penetrará en el Atlántico hasta las islas de Cabo Verde. En 2007 se extenderá hasta Guinea Bissau y Gambia. Éste es uno de los compromisos asumidos ayer tarde por la Comisión europea ante la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien acudió a Bruselas llevada por la urgencia de la situación creada en Canarias para buscar apoyos comunitarios con los que hacerla frente.

Fernández de la Vega obtuvo varios compromisos de los responsables comunitarios con los que se entrevistó, entre los que se cuentan el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, el vicepresidente Franco Frattini (Justicia e Interior) y la comisaria Ferrero – Waldner (Exteriores).

Destaca entre ellos el refuerzo mencionado del dispositivo de vigilancia puesto a punto por Defensa, así como el envío a Canarias, la semana que viene, de una misión de evaluación de la Agencia de Fronteras Exteriores de la UE (Frontex), que analizará el alcance del problema in situ. El refuerzo del dispositivo de vigilancia aérea y marítima no supone una «militarización» de la crisis, como precisó Fernández de la Vega.

La misión elaborará un informe que servirá de base para una decisión que Frontex adoptará el 30 de mayo, que pondrá en marcha en Canarias una experiencia piloto protagonizada por el Sistema de Intervención Rápida de la UE en este tipo de situaciones. Dos equipos de expertos de esta agencia se desplazarán al archipiélago para tratar con los inmigrantes ilegales, identificarlos y gestionar la asistencia que se les preste.

La ayuda de las instituciones comunitarias a España no se circunscribirá a las tres acciones precedentes. La vicepresidenta Fernández de la Vega enumeró hasta quince medidas que la Comisión se ha comprometido a poner en marcha. La mayor parte estaban contempladas en los diferentes planes comunitarios de acción contra la inmigración ilegal, pero su puesta en práctica se ha visto acelerada – y concentrada a su vez en el caso de Canarias – dada la urgencia y la gravedad de la situación.

Refuerzo de fronteras

Entre los compromisos asumidos, destaca la construcción de dos centros temporales de acogida para ‘sin papeles’ en Mauritania y Senegal, cuya construcción será cofinanciada por la UE con cargo a los 2 millones de euros que aprobó la última cumbre de Bruselas, pero que permanecía bloqueado debido a las discrepancias con el nuevo régimen de Mauritania.

Frattini – para quien «una reacción como la que hoy estamos protagonizando ante las demandas españolas hubiera sido inimaginable hace apenas un año» – se comprometió a proponer una reforma del reglamento del Fondo Europeo de Fronteras Exteriores, de modo que pasen a ser elegibles gastos que actualmente no lo son, como el despliegue de dispositivos tecnológicos de vigilancia similares al creado para controlar el paso de pateras por el Estrecho (las denomi – nadas ‘vallas de tres dimensiones’). El vicepresidente dijo que esa medida permitirá reforzar la valla y extenderla hacia el Atlántico.

En junio, por otra parte, la Comisión pondrá en marcha un programa de 2,7 millones destinado a financiar operaciones de refuerzo de las fronteras exteriores de la UE. España formulará demandas específicas de cofinanciación con cargo a este programa. La Comisión espera, por otra parte, propuestas españolas para participar en operaciones conjuntas de repatriación de ilegales, e instruirá a una red de información recientemente creada para investigar la evolución de la delincuencia organizada en la costa occidental de África.