Mientras el Parlament de Catalunya aprobaba un paquete de medidas económicas para aliviar mínimamente la gestión de la acogida y tutela de menores algunas voces se alzaban en contra. ¿Qué es más urgente?  

La mayoría de preguntas se hacen desde la óptica equivocada: aquella que asume que la ciudadanía somos solo unos, los que tenemos casa de uso propio. Los que viven en hogares del sistema quedan fuera de ese concepto uniforme y vago de ciudadanía que se presupone merecedora de privilegios básicos. Esto no es así. En nuestro sistema de estados, los más vulnerables son objeto de especial protección y los menores deben serlo claramente.

Así, entre investiduras fallidas, ayuntamientos por conformar y presupuestos por aprobar, la clase política se va de vacaciones con muchos deberes sin acabar.

Como bien me señalaban algunos lectores del sector de la educación social, tenemos a miles de menores en centros de emergencia, no de temporalidad larga. Los SPAII (Servicio de Primera Acogida y Atención Integral) son gestionados por empresas subcontratadas por la Generalitat. Sin entrar en el debate de la subcontratación de obligaciones públicas, los efectos son claros: utilización de espacios e infraestructuras variados, no diseñados específicamente para ese uso; contratación de profesionales no controlada por la administración pública y que acostumbra a traducirse en equipos muy jóvenes e inexpertos aprovechando su vocación y compromiso; falta de coordinación entre empresas o cooperativas (cada una en función de su contrato); falta absoluta de recursos, justificada públicamente a través de esa subcontratación que cubre el expediente; y una situación por encima de cualquier previsión. Todo ello es una bomba de relojería que no puede explotar este verano a quienes se ven involucrados: menores, profesionales y vecinos. Las soluciones deben ser un goteo incesante hasta eliminar la emergencia. El racismo y la confrontación acechan sin calendario.