El traslado a Valencia de 20 inmigrantes subsaharianos procedentes de Canarias, a donde llegaron tras su odisea en los tristemente famosos cayucos, trae hasta nuestra Comunitat la tragedia de una inmigración que desborda la escasa previsión y planificación que en esta materia ha mostrado el Gobierno de Rodríguez Zapatero.


No es este el primer avión, ni seguramente será el último, que aterriza en Manises con inmigrantes africanos que arriesgan su vida en frágiles embarcaciones con tal de huir de la hambruna que asola sus países y en busca de una vida mejor. El Ejecutivo intenta, de este modo, aliviar la tensa situación que vive el archipiélago canario, cuyo Gobierno autonómico de ninguna manera puede hacer frente con los medios humanos y materiales de que dispone a la avalancha que sufre cada día.


La inmigración no es, evidentemente, un problema exclusivamente de España. Millones de personas que malviven en el Tercer Mundo aspiran a vivir en una Europa desarrollada, cuyos niveles de riqueza y bienestar pueden admirar en la televisión. Un problema común exige soluciones comunes, algo a lo que Bruselas parece reticente, a pesar de los brotes de racismo que la llegada incontrolada de inmigrantes está comenzando a provocar en algunos países.


Pero el Gobierno español no puede estar simplemente a la espera de las soluciones que lleguen de la Unión Europea. A la hora de abordar los problemas de la inmigración se echa en falta en el Ejecutivo el ardor y la intensidad política que muestra en otro tipo de cuestiones, como el debate territorial o las reformas pretendidamente sociales y que en realidad son más bien operaciones de marketing.


La masiva regularización de Caldera no ha acabado –como era fácilmente previsible– con el problema. Los inmigrantes siguen llegando, cada vez con mayor intensidad, y el Gobierno no sabe qué hacer con ellos ni cómo afrontar esta crisis. Mientras tanto, continúa mandando aviones a diversas ciudades, como Valencia, para evitar que Canarias llegue al colapso total.