Los trabajadores de la residencia de Cáritas en Lugo no daban crédito. Pocos días después de que las inmigrantes prostituidas llegaran, al fin liberadas de su situación de esclavitud en puticlubes de la zona, se personaba en el lugar el jefe del Equipo de Mujer y Menor de la Guardia Civil. Invocando su autoridad, y sin documentación de por medio siquiera, el cabo Armando Lorenzo subía al coche patrulla a las chicas, la mayoría brasileñas, y directamente las trasladaba a su nuevo puesto de trabajo, en alguno de los 12 clubes que él mismo controlaba.

Lorenzo completaba así la operación: había cerrado los prostíbulos de los que esas chicas eran rescatadas los que no le pagaban mordidas, y él mismo las reubicaba, como si de ganado se tratara, en donde sí lo hacían. Miembros de Cáritas terminaron acompañando, tiempo después, a dos subordinadas de Lorenzo a la Subdelegación del Gobierno para denunciar a quien debía liberar a las mujeres explotadas. Dio igual porque también había implicados. El subdelegado y un funcionario están investigados. Los superiores de Armando Lorenzo (casado, con un hijo mayor y destinado antes en la seguridad de la Audiencia Provincial de Lugo) le protegieron, y ahora varios de ellos le acompañarán en el banquillo de los acusados por la mayor trama de proxenetismo de la historia reciente de España: Carioca.

Una inconcebible cascada de delitos desentrañados, desde 2008 hasta la actualidad, por la juez Pilar de Lara y el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, que se enfrentaron a todos los poderes fácticos de Lugo, una ciudad en la que, llegaron a constatar los investigadores, existía una «cultura de la prostitución» que pasaba de padres a hijos.

Unas muestras: Lorenzo invitaba a prostitutas a policías, políticos, empresarios… Y a los amigos de su hijo. José Manuel Adán, empresario y socio principal de Lorenzo en los clubes Queens y La Colina, dejaba a su hija pequeña corretear por entre las meretrices, mientras en el patio trasero practicaba el tiro con la munición que le deslizaba un policía local.

El esfuerzo no fue inocuo para Asuntos Internos ni para la magistrada. Los primeros hubieron de enfrentarse a sus propios compañeros, de los que han terminado imputados el cabo, un brigada, un capitán, un comandante y un teniente coronel. La segunda está a punto de ser expulsada de Instrucción 1 de Lugo por el Poder Judicial, supuestamente por «desidia procesal» cuando llegó a convertir su juzgado en una especie de mini Audiencia Nacional gallega, sobrecargada de trabajo.

Asuntos Internos desembarcó en Lugo en 2008 al comprobar De Lara la denuncia de una brasileña de quien Lorenzo se encaprichó. El guardia civil apareció un día por el club y en cuanto la vio le pidió a otro agente que la fotografiara de cuerpo entero y le lanzó un «¿y qué hace una chica tan guapa como tú trabajando aquí?». Después apareció en casa de la mujer, colocó su pistola sobre la mesa y la obligó a tener sexo con él, bajo amenaza de deportación. Esto continuó hasta que la mujer se negó y Lorenzo cumplió su amenaza: consiguió deportarla en 2009.

SOSPECHAS DE ASESINATOS
El cabo controlaba 12 casas de lenocinio de la zona y llegó a cobrar de hasta siete de ellas. Un funcionario municipal era propietario de los terrenos del Queens (y adjudicatario de la grúa y el servicio de parking municipal). El dueño del Volvoreta, otro club investigado, era un ex guardia civil que ya murió. La trama contaba con un policía en el aeropuerto de Barajas, y cada tres meses alguien bajaba a Madrid con los pasaportes de las chicas para que éste pusiera un sello de salida y otro de entrada, para renovar ficticiamente los visados de turista.

Lorenzo daba ficticiamente la condición de testigos protegidos a las chicas con un papel hecho por él, sólo para aprovecharse de ellas. Entre las declaraciones de 370 testigos, varias hicieron sospechar a los investigadores que una chica había sido enterrada bajo el Queens, y Asuntos Internos llegó a localizar restos de sangre, aunque no el cadáver.

Un empresario declaró haber visto morir desangrada a una mujer tras ser vejada con una bola de billar. A otra le practicaron un aborto en una clínica clandestina del centro de Lugo que casi le cuesta la vida. Quedó embarazada por obra de un importante empresario local, R. L., y lo solucionaron con esta clínica de a 600 euros el aborto.

El cabo se aprovechaba de la vulnerabilidad de las mujeres, algunas de ellas «en situación cercana a la indigencia» según la juez Pilar de Lara, y lo mismo las violaba sin preservativo que intentaba engatusarlas con, atención, mensajes poéticos como el siguiente, que consta en autos: «Cuando te vi por primera vez quedé prendado de ti. Tus ojos desprendían brillo como si fuera la luna que reflejara [sic] en ellos. Al estar contigo tu cuerpo y piel suave desprendía un aroma que lo llevo en mis manos». Para luego, de golpe, pasar sin anestesia del verso a la prosa: «Me tienes que dar el nombre completo. En la nota que me diste no entiendo». Así pasaron por sus manos 20 chicas.

La fecha para la fase oral de la pieza principal de Carioca, la que tiene que ver con las andanzas de Armando Lorenzo, a quien la juez imputa 70 delitos, se señalará en breve.

LA ‘ALAYA GALLEGA’
La juez Pilar de Lara, la Alaya gallega, como fue tildada por la cantidad de macrocausas que acumuló en Instrucción 1 de Lugo, podría perder en unos meses su juzgado, y con él sus procedimientos, a causa de una propuesta de sanción por parte de la inspección del Consejo General del Poder Judicial, que la acusa de “desidia”, “dejadez”, “inhibición absoluta” y “abandono” procesal y pide para ella siete meses de suspensión.
El abogado de De Lara, el ex consejero del Poder Judicial Agustín Azparren, alega en el recurso que en realidad la propuesta oculta que en dos visitas anteriores, en 2013 y 2014, la inspección ponderó la “gran dedicación” de la juez, y que la cifra de causas presuntamente atrasadas invocadas por la inspección es falsa: esta sostiene que De Lara tramitaba en 2014 las mismas 65 causas de especial complejidad que en 2019, sin embargo el recurso defiende que la cuenta está mal hecha, y que la evolución de De Lara resolviendo procedimientos es de 90 en 2013, 80 en 2014 y 42 en 2017.

El recurso acusa también a la inspección de demorar sus trabajos por espacio de dos años, incurriendo en la misma falta que se le imputa a la magistrada, y califica de “irregular” la actuación de la inspección al agregar un informe de subsanación de errores previos, en una maniobra “sin precedentes” en estos expedientes. Además, se acusa incluso a la inspección de, ante la falta de quejas contra De Lara, haber “animado a diversos abogados” de personas por ella imputadas a presentar quejas, lo que algunos letrados hicieron, dejándolo claro por escrito, “por indicación de los inspectores del CGPJ”. El Consejo resolverá el expediente en los próximos meses.