El Ayuntamiento de Barcelona sabía desde el 8 de mayo que en el terrado de la finca situada en los números 1 y 3 de la calle de Ginebra, en la Barceloneta, vivían personas en condiciones infrahumanas. El pasado domingo, un inmigrante de origen argelino y de 27 años murió en ese piso patera, supuestamente cuando dormía en un colchón a la intemperie.
En una escueta nota como única respuesta, el distrito de Ciutat Vella reconoció que el pasado 8 de mayo recibió una denuncia de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) solicitando una inspección de la citada finca porque en ella se daba una “situación de infravivienda”. Curiosamente, la inspección estaba prevista para esta semana, y así se lo hicieron saber, aseguró el consistorio, a la Síndica de Greuges de Barcelona, Pilar Malla, que también se interesó por el caso.
La finca “es de titularidad privada y se ha tenido que localizar a la propiedad”, explicó en la nota el ayuntamiento, que negó a este diario la posibilidad de hablar con algún responsable para que explicase por qué no se había inspeccionado antes.

VARIOS PROPIETARIOS
El edificio tiene diversos propietarios y se trata de un caso de propiedad vertical, es decir, no está diferenciada “qué parte de la finca corresponde a cada dueño”, explica la nota. Consta de tres viviendas, “una dispone de contrato de alquiler y las otras dos, no”, indicaron fuentes municipales.
El caso del inmigrante fallecido en esta finca – – los Mossos creen que pudo ser víctima de las drogas – – , así como las precarias condiciones en que vivían allí desde hacía un mes entre tres y cinco inmigrantes, fue publicado ayer por este diario. Según el ayuntamiento, los inmigrantes dormían allí “porque no había muchos impedimentos para entrar”, lo que descartaría que se trate de un caso de alquiler ilegal.

“INOPERATIVIDAD”
Eva Fernández, presidenta de la FAVB, criticó ayer la “inoperatividad” municipal, tanto del distrito de Ciutat Vella como del área de Servicios Sociales, para dar respuesta a un problema de precariedad y de exclusión social. Y Alberto Fernández Díaz, jefe de filas del PP, dijo que la actuación municipal pone de manifiesto “la escasa diligencia” del consistorio para dar una respuesta eficaz tanto “en la detección y clausura de pisos pateras como en ayudar a las personas que viven en condiciones infrahumanas”.
Sin entrar a juzgar el caso, el abogado y urbanista Eduard Moreno indicó que si se detecta una situación de peligro para terceros – – como la posibilidad de incendio – – , falta de higiene y hacinamiento, el ayuntamiento puede conseguir en poco tiempo una orden judicial para entrar en un piso. La denuncia de la FAVB iba acompañada de fotos.