SAN SEBASTIÁN. DV. Es la ley de las aulas y nace tras muchos zarandeos y sin urgencias en su puesta en marcha. La ministra Mercedes Cabrera anunció el pasado jueves que la aplicación de algunos aspectos de la Ley Orgánica de Educación (LOE) no entrará en vigor hasta el curso 2007 – 2008. Se trata del nuevo mapa de enseñanzas comunes para primaria y secundaria en todas las comunidades autónomas y de la posibilidad de pasar de curso, excepcionalmente, con tres suspensos. La convulsa andadura de este cuarto modelo educativo de la democracia se encauza así con más tiempo para la reconversión.

Los enfrentamientos entre los colegios religiosos y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero han caracterizado la trayectoria de la ley. A los pocos días de la sesión parlamentaria en que fue aprobada – con 181 votos a favor, 133 en contra (PP) y 12 abstenciones – , María Jesús San Segundo, la titular de Educación que llevó adelante el proceso, fue sustituida por Mercedes Cabrera en la última remodelación ministerial. La nueva ley marca el camino de la enseñanza no universitaria, en un momento en que los profesores se quejan de la falta de reconocimiento político y social a la tarea educativa. Algunos profesionales del sector defienden la necesidad de un pacto educativo por encima de partidos políticos y gobiernos para que la educación deje de ser la asignatura pendiente de las administraciones.

«Ninguna de las tres últimas leyes de Educación que hemos conocido han partido del pacto educativo, una base fundamental», argumenta Ricardo Angulo, director del colegio San Ignacio de Loyola – Jesuitas – de San Sebastián. «Los aspectos básicos de la educación no pueden depender del gobierno de cada momento. Requieren de un consenso muy amplio. No sólo de los políticos, sino de los educadores, de los centros, de las instituciones educativas y de las familias. El PSOE lo prometió. Pero ha faltado el consenso».

Ejemplo finlandés

Si hay algo que descoloque a los centros educativos es que con cada cambio de gobierno llegue una nueva ley, dice Angulo. «Eso no es bueno. En unas recientes jornadas de Innovación Educativa celebradas en San Sebastián, un representante de Finlandia, un país con gran prestigio en la materia, afirmaba que las decisiones educativas importantes estaban tomadas con un amplio consenso. Se trata de un Estado con muchos recursos y pocos habitantes y el ejemplo quizás no es transferible, pero a eso hay que tender».

Será por esta razón que en Finlandia hay muchos jóvenes que quieren ser educadores, afirma Angulo. «Aquí no ocurre lo mismo. Perciben que la labor del educador es dura y socialmente no está bien considerada». Las cosas han cambiado. «Las familias descargan en los educadores tareas que se acumulan a la función docente y eso agota».

La LOE nace, a pesar de las dificultades, con el objetivo de perdurar. Ricardo Angulo reconoce que el proyecto inicial era más radical. «Se planteaba que la escuela era pública y que los centros concertados eran subsidiarios. La idea ha quedado superada. La escuela concertada tiene razón de ser por el derecho a la libertad de educación».

¿Cuál es el espíritu de la nueva ley? «La idea de que la educación es un servicio público que corresponde, en parte, a la Administración», dice Angulo. «Contiene valores como el de la educación inclusiva e igualitaria. Pero reproduce una sociedad que olvida la desigualdad Norte – Sur y la sostenibilidad del planeta».

Ricardo Angulo afirma que el mensaje cristiano marca la trayectoria de un centro como Jesuitas. «Las puertas al alumnado inmigrante están abiertas. No es cierto que la escuela concertada no los acoja». Según los datos que maneja, en Gipuzkoa, hubo en el curso anterior 2.976 alumnos extranjeros, de los que 1.607 (54%) fueron a la red pública y 1.607 (46%) a la concertada. De ese 46%, el 39% ingresó en centros religiosos agrupados en Kristau Eskola y el 7% en ikastolas concertadas.

Desarrollo autonómico

La ley es un marco. El desarrollo se hará en cada comunidad autónoma. Es lo que resalta Iñaki Etxeberria, que ha sido durante 11 años director de Altza Ikastetxe Publikoa y que disfruta de un año de licencia por estudios. «Cada comunidad debe remitirse al espíritu de la ley, que queda bajo la batuta de las interpretaciones», dice. La LOE deja a un lado la Ley de Calidad propugnada por el PP, que no llegó a estar vigente pero cuyo espíritu era muy negativo, dice Etxeberria. «Dividía el alumnado, desde muy joven, en función de sus características y capacidades, algo muy pernicioso».

Y es que Etxeberria sostiene que la capacidad intelectual y la extracción social van unidas. «El intelecto se desarrolla en función de lo que se vive. El informe Pisa, que analiza el resultado en algunas asignaturas en determinados países, determinó que el extracto socioeconómico y cultural del alumnado es el indicador más importante en los resultados de un centro».

A juicio de Etxeberria, la LOE busca reducir las diferencias entre la red concertada y la pública. «Plantea un intento de control de la enseñanza concertada. Porque se cobran cuotas y eso que la concertación se firma para cubrir los costes de la enseñanza. En Gipuzkoa todos los centros privados son concertados y algunos cobran mensualidades muy altas. Ello favorece las diferencias sociales. La LOE dice por ejemplo que el reparto de niños inmigrantes debe de hacerse entre todos los centros que se sostienen con fondos públicos».

La educación pública debe ser el eje vertebrador de la realidad educativa, dice Etxeberria, «pero en el País Vasco se le ha dado demasiada primacía a la enseñanza concertada en detrimento de la pública»

Apoya el tratamiento que se otorga a la educación infantil, el tramo que va de los 0 a los 3 años. «Se le reconoce un carácter educativo. En el País Vasco estamos muy sensibilizados con este tema, porque a la escuela pública no se le ha dado la capacidad de implantar el tramo 0 – 2 años en sus centros. Hay centros privados que ofertan desde los 0 a los 18 años, mientras que la pública, 0 – 2 en un sitio, 2 – 6 en otros, 6 – 12 en otro, 12 – 16 en otro y 16 – 18 en otro. Es una oferta muy descompensada».

Una de las cuestiones positivas de la ley es, a su juicio, la posibilidad de evaluar a los centros, aunque ello debe hacerse en función de las características de cada escuela y de las posibilidades económicas del alumnado, dice. También aplaude que se potencie a las direcciones. «Sólo un 33% de los directivos de enseñanza pública se han presentado por sí mismos. El resto han sido elegidas a dedo porque no hay candidatos. La ley prevé más recursos económicos y más autonomía y capacidad de gestión. Sería mejor, de todos modos, hablar de equipo directivo más que de director».

Diferentes redes

Manu Olano, director de la ikastola Jakintza de Ordizia, un centro concertado, considera positivo que la nueva ley parta de la idea de equidad e igualdad de oportunidades en educación. «Estoy de acuerdo en que el sistema educativo se considere servicio público. Y es algo distinto al concepto de titularidad pública. Porque la ley admite otras titularidades siempre que se respeten conceptos básicos. Ello enriquece el sistema educativo, que necesita de diferentes redes». Según Olano, otro aspecto interesante de la ley es la importancia que se le da a la lectura. «Se establecen horarios dentro de la clase. Nosotros ya lo hacíamos pero está bien reforzar un hábito básico como éste».

La nueva ley evita la diferenciación temprana de los alumnos desde los 15 años, algo que establecía la ley que promovió el PP. «Considero más positivo hablar de las competencias básicas que deben alcanzar los estudiantes y no insistir sólo en los contenidos. Ello puede estar en línea con los contenidos del currículum vasco, que hemos venido trabajando. Se trata de ser más competente en la vida. La cuestión es cómo vamos a llevarlo a buen puerto».

¿Lo negativo de la ley? «Lo mismo que le pasó a la LOGSE, la primera ley educativa del PSOE. Planteaba aspectos interesantes pero, por falta de recursos y financiación, no se consolidaron. Por ejemplo el tratamiento de la diversidad. Cada niño debe seguir su ritmo. Pero, si no hay recursos, ¿cómo se consigue?».

No está de acuerdo Olano en la idea de que los centros concertados admitan un menor número de estudiantes inmigrantes que los públicos. «No es nuestro caso. La Administración tiene sus criterios de distribución y nos parece muy bien, pero reclamamos más recursos. Por nuestro ideario cualquier niño es bienvenido al centro a pesar de las dificultades. Que son mayores cuando el niño tiene más edad y proviene de una familia desestructurada».