El Parlamento canario, con el voto a favor de CC y del PP y en contra del PSOE, pidió ayer al Gobierno la intervención de la Armada para «blindar» las costas del Archipiélago y devolver a los inmigrantes irregulares «al puerto del que hayan partido», una vez que se les haya prestado «socorro y ayuda humanitaria».La petición es polémica, ya que la intervención de la Armada en los términos incluidos en la resolución no es fácil de llevar a la práctica e incluso podría ser considerada dudosamente legal.Sin embargo, tampoco cabe descartar de plano algún tipo de participación de la Armada con el fin de proteger y asegurar las fronteras, un derecho inalienable que asiste a todos los países. Y la frontera española de Canarias está en el mar. Las autoridades de las islas vienen advirtiendo hace semanas que viven una situación de emergencia en la que los centros de acogida están desbordados. Al menos durante unos días, los subsaharianos que llegan en los cayucos han de ser atendidos en las islas, antes de ser trasladados en avión a distintas ciudades de la Península. Una solución que tampoco es la más adecuada. Es posible que el presidente canario tenga razón cuando asegura que la presencia de buques de guerra sería un elemento disuasorio para las mafias de la inmigración.Es, sin embargo, una medida extrema que únicamente podría debatirse si continúan las llegadas masivas y no da ningún resultado la ofensiva diplomática del plan Africa y la reunión de la vicepresidenta, hoy mismo, con Barroso y Frattini en la UE.