Madrid – La central de Extranjería de Madrid vuelve a colapsarse y las
colas de extranjeros forman de nuevo parte del paisaje habitual de la
madrileña calle Bretón de los Herreros.
   Un año después de
que el Gobierno socialista abordara la mayor regularización de extranjeros
que ha habido en España, sólo en Madrid 13.000 recursos de inmigrantes que
solicitaron legalizarse atascan las oficinas dependientes del Ministerio
de Trabajo e impiden zanjar la regularización pese a las presiones de
Gobierno central y sindicatos para que en el mes de junio se puedan dar
cifras oficiales definitivas.
   En la mayoría de los casos, las
reclamaciones proceden de inmigrantes que consiguieron la oferta de empleo
que se exigía para poder legalizarse, pero su solicitud fue rechazada
porque el empresario que estaba dispuesto a contratarles no se encontraba
al corriente de pago de las cuotas a la Seguridad Social.
   Precisamente, que el empleador no tuviera deudas pendientes con
Hacienda ha sido el factor que más se ha tenido en cuenta a la hora de
denegar solicitudes, ya que los funcionarios que tramitan los expedientes
habían recibido órdenes expresas de que pusieran especial atención en el
cumplimiento de este requisito.
   Tanto es así que «se han denegado
solicitudes de trabajo por cinco euros de deuda del empleador cuando, a lo
mejor, simplemente se trataba de un error del empresario a la hora de
presentar la declaración de la renta y hacer la baremación como autónomo»,
informaron fuentes de la Delegación del Gobierno.
   En otros
casos, los recursos provienen de los inmigrantes que se han visto
obligados a buscar otro empleador porque disponían del permiso de la
Administración para poder trabajar, pero la persona que se comprometió a
contratarles finalmente no tramitó su alta en la Seguridad Social. En esta
situación se encuentran precisamente unos cien mil inmigrantes en toda
España, según informó recientemente el Gobierno central en una respuesta
parlamentaria al Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.
   Por
si fuera poco, a las reclamaciones se unen las renovaciones de los
primeros permisos que se concedieron para trabajar hace un año.
   Pero la situación no tiene visos de mejorar. Los funcionarios de la
oficina de Bretón de los Herreros, que se trasladarán en los próximos
meses a la calle Serrano, a la sede del antiguo Fondo de Compensación de
Seguros, frente a la embajada Americana, deberán hacerse cargo también de
los expedientes de los extranjeros que se acogen a las vías
extraordinarias que recoge el reglamento de la Ley de Extranjería para
legalizarse, como es el «arraigo» (social y laboral). «Creemos que unos
20.000 irregulares intentarán acogerse a este supuesto», informaron las
mismas fuentes. Mientras, «otros 9.000 expedientes iniciales duermen el
sueño de los justos en algún cajón esperando a que algún funcionario pueda
revisarlos».
   El colapso ha llegado a tal extremo que
inmigrantes que aguardan hasta dos horas en una cola para informarse sobre
la tramitación de su expediente son remitidos sin más a la página web del
Ministerio de Administraciones Públicas. En esta situación se vio Cecilia,
una ecuatoriana de 23 años empleada en el servicio doméstico. «Es
indignante que tengas que estar esperando horas para que luego no te den
ningún tipo de información. ¿Y si no tengo forma de acceder a internet? Y
yo no tengo problemas con el idioma, pero que le digan eso a un
nigeriano…».
   A esta circunstancia se añaden otras situaciones
«kafkianas» y errores en la tramitación, como la de «extranjeros que
figuran en la web del Ministerio con el permiso concedido desde el mes de
noviembre pasado, pero en sus domicilios no han recibido la notificación
oficial. Si el inmigrante es detenido en la calle por la Policía, le puede
ser incoada la orden de expulsión porque no tiene documento que acredite
que su situación está legalizada», informó Ángeles Chinarro, portavoz de
la coordinadora de Abogados de Extranjería de la Comunidad de Madrid. En
otros casos, ha ocurrido lo contrario, que se ha denegado la solicitud y
el empleador no ha tenido constancia de ello por escrito transcurridos
varios meses. Incluso un mismo número de NIE (DNI para extranjeros) se ha
llegado a dar a tres personas.
   Teléfono que no responde.«El caos es
tal que no se lleva ningún control sobre el número de expedientes que ha
presentado un mismo empresario que quiera contratar a varios extranjeros a
la vez. Se resuelve el caso que el funcionario tiene encima de la mesa,
pero puede que no se dé una solución uniforme a todos, aun teniendo el
mismo empleador», añadió Chinarro.
   Solucionar las
dudas por teléfono tampoco supone una alternativa. «El teléfono de
información al inmigrante está colapsado, es imposible que te contesten y
la gente que lo atiende no está preparada y no saben ofrecer la
información que los inmigrantes solicitan. Son interinos que entraron
anteayer y sin apenas formación, más que sobre el funcionamiento del
sistema informático», añadieron desde la Delegación del Gobierno.
   Y es que «sólo una veintena personas resuelven los recursos, de las cuales
sólo tres están formadas, el resto entró hace diez días».