Washington – El clamor popular de millones de manifestantes en un año de
elecciones ha empujado a Washington a resolver la encrucijada de la
inmigración de EE UU. Es el primer intento serio en 20 años de reformar un
sistema por el que fluyen doce millones de inmigrantes ilegales. A la
causa se ha unido con ímpetu la Casa Blanca que, con el fin de
congraciarse con la base del Partido Republicano, ha apostado por enviar a
los soldados de la Guardia Nacional para proteger la frontera con México
de indocumentados. Con esta medida de choque, entre otras iniciativas, el
Gobierno estadounidense espera mejorar el horizonte político del
presidente Bush. La gran reforma. Gracias a un grupo moderado de
legisladores de ambos partidos, el Senado de EE UU podría presentar una
exhaustiva ley de inmigración esta semana. Las enmiendas que se han
incluido en los últimos días, entre ellas la que da luz verde a la
construcción de un triple muro en la frontera con México y la de hacer del
inglés «lengua nacional», representan una concesión necesaria a los más
conservadores para sacar la reforma adelante. Hay un considerable
optimismo en Washington, pero aún no redoblan las campañas. Con una ley
bajo el brazo, el Senado tendrá que llamar a la puerta de la Cámara de
Representantes y sentarse a negociar las medidas draconianas que ésta
aprobó en diciembre provocando protestas multitudinarias sin parangón en
todo el país. El futuro de la reforma, pues, es aún incierto y depende de
cómo se desarrolle el debate entre senadores y congresistas o, tal y como
lo describe algún comentarista, entre los «cockers spaniel» del Senado y
los «pit bulls» que pueblan la Cámara. Batalla política. El líder de la
mayoría republicana del Senado, Bill Frist, espera que el acuerdo llegue
antes de las legislativas de noviembre, pero el senador Jeff Sessions,
padre de la enmienda por la que EE UU construirá su versión de la Gran
Muralla en la frontera sur, predice que, sin cambios significativos, no se
concretará ningún compromiso entre las dos cámaras del Congreso este año.
Sigue siendo, pese a las dificultades, la mejor ocasión desde 1986 que
tiene EE UU de reformar su sistema migratorio. Los legisladores cuentan
con el aliento de Bush que, según los medios de comunicación
norteamericanos, «se ha convertido a la causa de la reforma migratoria»
empujado por el mal camino que lleva su segundo mandato como inquilino de
la Casa Blanca. Mano de obra a la carta. Las medidas recogidas en la ley
que ultima el Senado se acercan bastante al plan del presidente para
reformar la inmigración: aumento de las patrullas fronterizas para
reforzar la seguridad en las fronteras unido a iniciativas como el
programa de trabajadores huéspedes para atender las necesidades de los
empresarios y dar oportunidades a los que quieran emprender el sueño
americano. La opción militar. Mientras se implementan estas propuestas,
Bush ha anunciado el despliegue temporal de 6.000 soldados de la Guardia
Nacional a la frontera de México para ayudar en las tareas de vigilancia y
la construcción de barreras. Bush y el Senado coinciden además en la idea
de legalizar a los inmigrantes que cumplan ciertos requisitos, una medida
a la que la Cámara de Representantes se opone rotundamente porque lo
considera una amnistía. «Básicamente, Bush ha dado la espalda a las
cláusulas de la propuesta aprobada por la Cámara Baja, muchas de las
cuales fueron pedidas por la Casa Blanca», señaló el congresista
republicano por Wisconsin, James Sensenbrenner, autor de la ley de la
Cámara de Representantes aprobada en diciembre. El delito. La «ley
Sensenbrenner» contra inmigración ilegal convierte en un delito la entrada
ilegal a EE UU, por lo que los «sin papeles» se arriesgan no sólo a la
deportación sino también a ser condenados a la cárcel. También prevé
medidas para forzar a los empresarios a verificar la legalidad de sus
trabajadores bajo la amenaza de fortísimas multas. La Cámara no contempla
ningún tipo de programa de trabajadores temporales y prevé levantar una
valla de seguridad que abarque unos 650 kilómetros de la frontera con
México. Aunque «hay enormes presiones», según el senador republicano John
McCain, para sacar una ley adelante, su colega demócrata Richard Durbin ha
advertido de que será difícil que Sensenbrenner ceda. Hoy lunes se reanuda
el debate en el Senado con la idea de votar el próximo viernes. El frente
de los gobernadores. Mientras, los gobernadores de California, Arizona,
Nuevo México y Texas, los cuatro estados a lo largo de los 3.200
kilómetros de frontera con México, están acostumbrados a que sus ruegos no
alcancen los pasillos de Washington. Los estados del sur no pueden
permitirse el lujo de contemplar el problema de la inmigración ilegal a
largo plazo, para ellos es una crisis permanente, que el año pasado les
obligó a declarar el estado de emergencia para activar las ayudas
federales. En el Congreso, no se ha debatido cómo aliviar el sistema
educativo y sanitario, que están desbordados por el número de inmigrantes
irregulares. Ahora, los cuatro gobernadores se enfrentan a la reelección
en noviembre con lo que deben tener en cuenta las demandas de los
conservadores para blindar la frontera y a la vez escuchar a los grupos
proinmigrantes.