La Policía Nacional ha creado una oficina nacional de derechos humanos, que próximamente verá la luz, con la que se pretende mejorar el respeto a la normativa en las actuaciones de los agentes y garantizar que se ajustan a los principios de necesidad y proporcionalidad.

Esta oficina se suma a la recientemente creada de igualdad de género y ambas dependen de la Subdirección General del Gabinete Técnico de la Policía Nacional.

Así lo han explicado este lunes el director general de la Policía, Francisco Pardo, y la subdirectora general del Gabinete Técnico de este Cuerpo, Eulalia González Peña, en el curso de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) sobre “Derechos humanos e igualdad en el ámbito policial” organizado por la Fundación Policía Española.

Francisco Pardo ha destacado que aunque la Policía Nacional sigue siendo una de las instituciones más valoradas por los ciudadanos en España valora la creación del citado área de derechos humanos en el Cuerpo para intentar alcanzar “la excelencia” en las actuaciones de sus agentes.

“Cuando derechos humanos y Policía no va de la mano es que algo malo ocurre y no se puede hablar de democracia plena”, ha advertido el máximo responsable de la Policía Nacional.

Ha añadido que “la Policía tiene el monopolio de la fuerza legal y debe ejercerla con respeto a la ley pues cualquier error o mala actuación puede arruinar su imagen y la percepción de un Estado de derecho”.

Como ejemplo de actuación respetuosa de los policías ha señalado el control de la inmigración en la frontera, concretamente con África, y ha apostillado: “Nos pone a prueba todos los días”.

No obstante ha aclarado que se trata de un fenómeno europeo. “No es un problema específico de España, Italia o Grecia sino de la frontera sur europea y de la sociedad occidental”.

En cuanto a la igualdad Pardo ha destacado que la institución ha dado pasos de gigante en los últimos años pues ha pasado de las primeras 42 mujeres policías de 1979 a que en la actualidad, cuando se cumple el 40 aniversario de su incorporación al Cuerpo, ya son más de 9.000 del total de 65.000 policías nacionales.

Por su parte, Eulalia González Peña ha insistido en que las injerencias policiales en los derechos de los ciudadanos deben estar basadas en la legalidad y en los principios de necesidad y proporcionalidad.

Ha añadido que además de la normativa internacional y la Constitución los agentes deben cumplir otras normas como la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, “que prohíbe las prácticas abusivas”, y el código ético del Cuerpo que establece la prohibición de la tortura como principio general.

También ha participado en la primera jornada del curso la jefa del Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo, Elena Arce, que ha destacado como un ejemplo de buena práctica policial el trato que en general reciben de los agentes los inmigrantes que son repatriados a sus países en los vuelos de Frontex.

Sin embargo ha advertido de que “las sombras” aparecen en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y las condiciones en las que en ocasiones se encuentran las personas que están en ellos.

“No es que sean Guantánamo pero los pocos de miles de personas que pasan al año por esos CIE distorsionan la labor policial y la del Defensor del Pueblo como supervisor de derechos humanos”, ha añadido.

A juicio de Elena Arce es necesario reforzar la formación de los agentes de la escala básica en cuestiones como conocimientos de códigos culturales y de idiomas y para que no tengan prejuicios de los motivos por los que los inmigrantes intentan entrar en España.

También ha mostrado su preocupación por la escasa presencia de mujeres policías en los calabozos y ha advertido de que “vamos a una femenización e infantilización de la inmigración irregular con cada vez más mujeres embarazadas y bebés”.