Sobre las ocho de la tarde de ayer, el Aita Mari, el atunero reconvertido en buque de rescate por la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, entró en la bahía de Pasaia para amarrar la nave en el muelle de Kaialde de Donibane y dar por finalizada su misión de socorro a los inmigrantes que tratan de cruzar el Mediterráneo desde la costa africana. El “bloqueo” del Gobierno español ante sus requerimientos para obtener el permiso de navegación ha hecho imposible cumplir con el objetivo. Desobedecer las órdenes de los gobiernos de esa Europa que se envuelve en los derechos humanos pero que convierte en delito la labor humanitaria ya se ha visto a qué conduce. La víspera, la capitana del buque Sea Watch, Carola Rackete, fue detenida por la policía italiana nada más atracar en la isla de Lampedusa. El Sea Watchllevaba 17 días esperando una alternativa para desembarcar a los 40 africanos que había rescatado frente a las costas de Libia. La “desesperación y el miedo”, como reconoció ayer la propia capitana, la empujó a saltarse la prohibición y atracar el buque por las bravas. Sobre ella pesan acusaciones que le pueden acarrear graves penas de prisión.

“ESTABLECER ACUERDOS” Pese a todos los intentos por llevar adelante su misión de rescate de inmigrantes en el Mediterráneo, el antiguo atunero guipuzcoano no ha obtenido el permiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Este regreso a puerto se produce en el contexto del caso Sea Watch,que señala directamente a la política migratoria de la Unión Europea.

Hasta el momento, el Aita Marino ha podido llevar a cabo esta tarea por falta de permisos y ha estado desde el pasado mes de abril repartiendo ayuda humanitaria entre los refugiados en Grecia.

La Dirección General de la Marina Mercante argumentó su negativa a proporcionar el despacho para el buque en que si una embarcación española perteneciente a una naviera privada desea desarrollar tareas de rescate en aguas que no son de jurisdicción española deberá someterse a las autoridades responsables y “establecer acuerdos” con ellas para el “desembarco de los auxiliados”.

Maydayterraneo, la organización que integra a la ONG vasca Salvamento Marítimo Humanitario y la andaluza ProemAid, recordó en una nota de prensa que “han pasado seis meses desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió que tanto el Open Armscomo el Aita Marino podían ir a la zona de aguas internacionales enfrente de Libia”, con lo que “España sigue impidiendo las labores de rescate en el mar y, por tanto, es cómplice de la muerte de 597 personas solo este año”.

“En este tiempo añade la nota, hemos buscado todas las fórmulas posibles para garantizar la vida en el mar pero la respuesta del Gobierno siempre ha sido de bloqueo”. “A pesar de nuestros esfuerzos para buscar una salida lógica a esta situación prosigue el escrito, hemos tenido que recurrir a los tribunales para defender los derechos humanos”.

Tras recordar que Amnistía Internacional, decenas de ayuntamientos y el Defensor del Pueblo han mostrado su respaldo a la iniciativa del Aita Mari, Maydayterraneo lamenta que “el Estado haya respondido con una amenaza de multa de hasta 900.000 euros” si este atunero reconvertido en barco de rescate realiza labores de búsqueda y rescate en el mar.

En su comunicado, esta asociación denuncia también la “clara vulneración de los Derechos Humanos en el mar” que, en su opinión, supone el arresto de Carola Rackete, la alemana capitana del barco de rescate Sea Watch 3 que decidió entrar en puerto tras 48 horas varada con 40 migrantes a bordo por la negativa de las autoridades italianas a recibir a los náufragos.

Representantes de Maydayterraneo han convocado a los medios de comunicación hoy en el muelle donde ha atracado el Aita Maripara valorar lo ocurrido y comunicar cuáles serán sus “próximos pasos”

DENUNCIAR AL ESTADO Hace solo diez días, miembros de Salvamento Marítimo Humanitario ofrecieron una rueda de prensa en Donostia con motivo del Día del Refugiado para anunciar que estaban estudiando la posibilidad de demandar al Estado por impedirles llevar a cabo la misión. Ese día, Iñigo Gutiérrez, responsable de la ONG, admitió que la “labor humanitaria que queríamos desarrollar en Grecia se ha complicado” por el proceso electoral en el que estaba inmerso el país heleno, y ante la evidencia de que “no existen visos para obtener el despacho necesario para acudir a la zona de Libia” no quedaba otra salida que la vuelta a casa.

El Aita Marillegó a la isla de Lesbos el 22 de abril. Como no fue autorizado para acercarse a la costa de Libia, como era su intención, se ha dedicado todo este tiempo a distribuir ayuda humanitaria entre los refugiados que se encuentran en Lesbos y en Quíos, donde se calcula que malviven en condiciones precarias unas 12.000 personas.