CON la llegada del buen tiempo, aumenta el tráfico de pateras sobrecargadas de inmigrantes que surcan el Mediterráneo desde África hacia Europa. También aumenta el número de naufragios, debidos a la fragilidad de las embarcaciones y a la codicia de las mafias que las fletan y se enriquecen vendiendo pasajes de incierta arribada.

La crisis migratoria repuntó en el 2015, a raíz de la guerra en Siria, la política de acogida diseñada por la canciller alemana Angela Merkel y la coincidencia de refugiados, perseguidos políticos en pos de asilo y emigrantes económicos. Un millón de personas entraron aquel año en Europa procedentes sobre todo de Oriente Medio y África. Y 3.500 perecieron en el intento.

Aquella oleada tuvo consecuencias políticas en los países europeos, empezando por Alemania, donde Merkel perdió apoyos. También las tuvo en Italia, donde el Gobierno populista dominado por Matteo Salvini ha cerrado el acceso a sus puertos a los buques de oenegés que rescatan inmigrantes naufragados. O en España, donde tras las cifras récord del 2018 –65.000 llegadas– el Gobierno de Pedro Sánchez, que se había estrenado con gestos acogedores, optó por la contención. Su objetivo era reducir este año a la mitad el número de inmigrantes desembarcados en España el anterior. Por ello, se indicó a la flota del Servicio de Salvamento, dependiente de Fomento, que dejara de patrullar proactivamente y se comportara de modo reactivo, atendiendo sólo a llamadas de socorro. Al tiempo, restringió la acción de las embarcaciones de oenegés dedicadas a salvar náufragos, amarrándolas en puertos españoles.

“Antes presos que cómplices”, tuiteó ayer Òscar Camps, fundador de la oenegé Proactiva Open Arms, anunciando que zarpaba de nuevo al rescate de inmigrantes en apuros en el Mediterráneo. También ayer se supo que el Sea-Watch 3, buque de la oenegé alemana homónima, había fondeado frente a Lampedusa con 42 rescatados a bordo, pese a la prohibición vigente en los puertos italianos. Es decir, las oenegés que llevan a cabo su tarea humanitaria en el Mediterráneo no se rinden.

El asunto de la inmigración ilegal es de una enorme complejidad y de una importancia no menor. Es tan loable la desinteresada labor de las oenegés como vigente la facultad de la Unión Europea para establecer las condiciones de entrada y para regular la residencia legal en sus estados de quienes proceden de terceros países. No todos los gobiernos de los estados europeos tienen la misma idea al respecto. Y por ello fue ya un éxito que la reunión del Consejo Europeo celebrada hace un año no ­acabara en ruptura –el Gobierno italiano amenazó con vetar todos los acuerdos–. Aunque no es menos cierto que ­tales acuerdos fueron menores.

Dicho todo esto, el problema persiste. Europa debe hallar la manera de regular la llegada de inmigrantes, según su capacidad de absorción, y a la vez debe ser fiel a sus principios solidarios e impedir que los inmigrantes se ahoguen a la luz del día ante su costa. He aquí una ecuación de difícil resolución. Pero mirar a otro lado sirve de poco. Algunos demógrafos señalan que África doblará en el 2050 sus habitantes actuales, y llegará a los 2.400 millones, unos 150 de los cuales se habrán establecido en Europa. Estas previsiones no hacen sino incrementar la dimensión del problema. También la sorpresa ante la lenta velocidad a la que se tejen consensos y avances políticos en esta materia, mientras se pierde el tiempo en debates cortoplacistas e improductivos.