Cerca de 1.500 británicos fueron registrados por error como delincuentes, según admitió ayer el Gobierno de Tony Blair. Este es el último episodio de una saga de fallos del Ministerio de Interior: delincuentes extranjeros, que podían ser extraditados, puestos en libertad por error; inmigrantes ilegales trabajando durante años en el departamento encargado de la lucha contra la inmigración ilegal. Y, por si fuera poco, un funcionario del servicio de Inmigración suspendido en sus funciones por exigir relaciones sexuales a una demandante de asilo.
En menos de un mes, una lista imparable de escándalos ha reducido a cenizas la credibilidad del Ministerio de Interior. La crisis que desembocó con el cese del ministro, Charles Clarke, ha empeorado con el nuevo titular, John Reid. A la desconfianza de los británicos hacia Blair se suma ahora la sensación de una increíble incompetencia de los guardianes de la patria.
El Ministerio de Interior confirmó ayer que 1.500 personas inocentes han sido clasificadas en los archivos del departamento como delincuentes por un error con los ordenadores. El Criminal Records Bureau (CRB) ha dejado sin trabajo o sin plazas en la universidad a los solicitantes, cuyos nombres o ficha personal coincidía con la de delincuentes convictos.

LA COMPROBACIÓN
La oficina del CRB, que depende de Interior, debe comprobar los antecedentes para la contratación de personal en puestos de confianza, especialmente los relacionados con niños. El objetivo es excluir a cualquiera con un historial de agresiones a menores.
Portavoces del ministerio aseguraron ayer que el 90% de las reclamaciones se resolvieron en tres semanas. Aunque reconocieron que lo ocurrido fue lamentable, también subrayaron: “No vamos a pedir disculpas por extremar la cautela. Estamos hablando de la protección de niños y adultos vulnerables”. “La incompetencia del Ministerio de Interior ha llegado a un nuevo nivel de absurdo”, afirmó el diputado liberal – demócrata Nick Clegg.

LOS ABUSOS
Ayer también, el dominical The Observer aportó las pruebas de cómo James Dawute, jefe de inmigración en Croydon, al sur de Londres, prometió ayudar a una joven africana, de 18 años, con su petición de asilo, si mantenía relaciones sexuales con él. Filmado de incógnito por el periódico, Interior suspendió a Dawute de sus funciones y abrió una investigación.
También están siendo investigadas las razones por las que más de 1.000 presos extranjeros salieron libres de la cárcel tras cumplir condenar, sin que nadie se preocupara de iniciar un posible proceso de extradición. Varios de los que salieron a la calle estaban acusados de delitos muy graves, como asesinato, violación, pederastia y asalto a mano armada. Recobrada la libertad, algunos volvieron a delinquir. Durante meses, Clarke supo lo que ocurría, pero no tomó medida alguna, ni informó al primer ministro.