Sólo 83 de los 15.693 menores extranjeros no acompañados acogidos en Andalucía desde el 2015 han tenido medidas judiciales de internamiento por la comisión de algún delito, lo que representa un 0,52 %, según los datos aportados en el Parlamento por la consejera de Políticas Sociales, Rocío Ruiz.

“No podemos demonizar a estos niños, hay mucha rumorología, no se puede hablar sin datos reales y crear situaciones de odio o prejuicios”, ha dicho la titular de Igualdad y Políticas Sociales durante su comparecencia este miércoles en el pleno del Parlamento para informar, a petición de Vox, sobre las políticas de la Junta de Andalucía en materia de acogimiento de menores.

Ha defendido que los principios de protección a la infancia se aplican a todos los menores “independientemente de su origen”, lo que es un “imperativo legal y moral”.

Ha querido dejar claro, además, que la intención del Gobierno andaluz es “mejorar” la situación de estos menores y, en este sentido, ha anunciado distintas medidas, cono el aumento del presupuesto en el 2019 y el 2020 para que todas las asociaciones y familias de acogida puedan recibir las remuneraciones necesarias.

También ha avanzado que en esta legislatura se reforzará el personal de las delegaciones y servicios sociales, que se aprobará el Estatuto de las Familias Acogedoras y se pondrán en marcha programas de respiro y de atención psicopedagógicas.

Ha explicado que la familia extensa del menor será siempre la “primera opción” para el acogimiento de estos menores, aunque ha reconocido que “desgraciadamente, no siempre cumplen los requisitos necesarios”.

Sobre las “escapadas” de los menores de los centros de acogida, ha dicho que es un problema “complejo” porque muchos de ellos tienen un “proyecto migratorio” y quieren ir a Europa, pero hay un problema “gravísimo” de documentación y, aunque se intenta que el Gobierno de Marruecos coopere, los procesos no se pueden agilizar porque hay que evitar que “caigan” en manos de las mafias cuando finaliza su “tutelación”.

“Son niños y tenemos la responsabilidad de garantizarles todos sus derechos”, ha remarcado Ruiz, que ha apostado por dar prioridad a la acogida familiar por encima de la residencial.

“Hay que acordar, siempre que sea posible, una medida de integración familiar, especialmente para los que tienen menos de 12 años”, ha indicado.

Ha detallado que en la actualidad hay 899 menores atendidos en el programa de acogimiento en familia ajena, en el que participan 711 familias, así como 1.086 menores atendidos en el programa de familia extensa, mientras que existen 3.789 niños y adolescentes en centros de protección.

Ha recordado que su departamento ha lanzado hoy mismo una campaña para la captación de familias acogedoras para concienciar a toda la sociedad andaluza sobre “la necesidad de darle a estos niños la oportunidad de vivir temporal o permanentemente en un hogar”.

El diputado de Vox Manuel Gavira ha asegurado que su formación está “a favor” de que los niños que se encuentran en una situación de desamparo sean protegidos por la administración, pero ha considerado que no se puede “vivir de espaldas a la realidad”.

Así, ha reclamado que se “examinen” los criterios de las personas y de las residencias que acogen a estos menores, ya que hay que “perfeccionar los mecanismos para que no haya situaciones de desamparo como las que se están produciendo en algunas ocasiones”.

“Nuestra intención es conocer por dónde va el espíritu de su ley porque no veo ninguna novedad entre lo que ha dicho y lo que había en la ley anterior, que nosotros rechazamos”, ha recalcado.

En su opinión, hay formas de “compaginar la obligación que tienen de desarrollar la labor asistencial por imperativo legal con la seguridad que demandan los ciudadanos”.

“Pero para eso hay que tener voluntad, es el Gobierno el que tiene que tener la voluntad para cambiar este tipo de situación siempre con la legalidad”, ha remachado.

Sobre el acogimiento, ha defendido que es mejor que sea con la “familia biológica” de los menores y ha pedido que la administración sea lo “suficientemente proactiva” para que “la familia extensa del menor dé el paso para el acogimiento” y, para ello, que se den “todos los incentivos necesarios”.