«Demagógica e ineficaz». Así definió hace tres días el nuevo primer ministro, Romano Prodi, la ley italiana sobre inmigración, aprobada por el Gobierno de Berlusconi en 2002 en medio de una fuerte polémica. La controvertida ley – calificada entonces de «racista» por el centroizquierda – establecía férreas restricciones a la entrada en el país, así como penas de cárcel para los inmigrantes que eran expulsados y volvían ilegalmente a Italia.

Además se preveía la toma de las huellas digitales de los extranjeros que pedían el permiso de residencia o su renovación, el empleo de naves de la Marina militar para el control de las costas, y la expulsión forzosa de los clandestinos.

Algunas de las medidas previstas, sin embargo, fueron declaradas inconstitucionales. En febrero de 2005, el Constitucional derogó aquellas en virtud de las cuales una persona que hubiese sido denunciada por un delito que no conllevara arresto no podía conseguir la regularización. Antes, en julio de 2004, los jueces habían declarado inconstitucionales las expulsiones forzadas y el arresto de ilegales reincidentes.

Esta ley – conocida como la Bossi – Fini por los dos aliados de Berlusconi que la inspiraron – será revisada ahora. Prodi ha asegurado que la política de inmigración de su Gobierno se basará en la acogida, la convivencia y las garantías, y que habrá que reexaminar la cuestión de las cuotas, manteniendo de todos modos un «techo numérico».

Las oleadas de inmigrantes en Italia son similares a las de España.Sólo en las últimas 24 horas, más de 400 clandestinos llegaron a la isla de Lampedusa.