La gira de Nicolas Sarkozy por el Africa francófona ha levantado un escándalo. Le acusan en las calles de racista y de fascista, porque su visita coincide con la aprobación en el Parlamento de una ley que restringe severamente el acceso de la inmigración.

Africa acapara el 65% de los flujos migratorios en Francia. La mayoría provienen del Magreb (41%), pero en dos años, como ocurre en España, se han multiplicado los sin papeles subsaharianos.La respuesta del Gobierno francés puede interpretarse en clave de amurallamiento. Sarkozy rechaza la política de regularización promovidas por Zapatero en beneficio de una receta a la carta: «Hasta ahora hemos sufrido la inmigración. Ahora vamos a seleccionarla».

El lema se articula en un programa de medidas restrictivas. Una de ellas endurece extraordinariamente las condiciones de regularización. Otras ponen trabas a la reagrupación familiar y dificultan los matrimonios mixtos. El objetivo consiste en fomentar la «inmigración buena». Es decir, atraer extranjeros cualificados e inteligentes.

Todos ellos podrán acceder a un permiso de residencia de tres años porque se les atribuye la vocación de desarrollar la economía del país y de contribuir «al resplandor de Francia».

Tal alarde retórico aparece en el entramado de la ley. Un articulado complejo que establece condiciones innegociables, como la de aprender francés y respetar los valores de la República. En caso contrario, serán retirados los permisos de residencia, nunca superiores a un año y condicionados a un contrato y una situación económica estable.