La mayoría republicana ha tomado la iniciativa en la ofensiva contra la inmigración ilegal y está dispuesta a llevarla hasta sus últimas consecuencias con la militarización de la frontera con México, la construcción de un muro metálico a lo largo 590 kilómetros y el blindaje del inglés como idioma oficial y «unificador».

El Senado dará previsiblemente el visto bueno esta semana a la nueva ley de inmigración, que también contempla la imposición de multas de al menos 750 dólares para los indocumentados que aspiren a legalizar su situación en el país y la puesta en marcha de un programa de trabajadores huéspedes que garantice la entrada – y salida – de unos 200.000 temporeros al año.

La legislación del Senado no será definitiva, pues será necesario adecuarla a la ley, aún más dura y restrictiva, que aprobó en noviembre pasado el Congreso. El texto parlamentario, que preveía la «criminalización» de los sin papeles y la construcción de un muro de 1.200 kilómetros, fue el detonante de las protestas masivas pidiendo la amnistía para los 12 millones de indocumentados que, se calcula, viven en EEUU.

La nueva ley de inmigración estará en el alero al menos durante tres o cuatro meses, y es probable que las negociaciones para el texto definitivo se prolonguen más allá de las elecciones legislativas del 7 de noviembre, que se anticipan como un referéndum sobre la política migratoria del presidente Bush. El vacío legal lo están llenado a toda prisa los estados. En 20 de ellos se contemplan ya leyes que prevén sanciones económicas contra las empresas.