La política de inmigración representa en Reino Unido uno de los principales quebraderos de cabeza del Gobierno laborista de Tony Blair y una recurrente baza electoral del Partido Conservador o, en mayor medida, del ultraderechista Partido Nacional Británico (BNP), que logró importantes avances en los recientes comicios locales a costa de endurecer su discurso.

Los cambios elaborados por el Ejecutivo de Blair en esta materia procuran cumplir la máxima de fortalecer fronteras y permitir la entrada de aquellos inmigrantes que aporten beneficios a la economía británica. En este sentido, el Ministerio del Interior anunció el pasado mes de marzo un sistema de puntos para los aspirantes no comunitarios a trabajar en el país, que facilitará el ingreso a los más cualificados. Este sistema complicará la entrada de trabajadores poco preparados y con escaso conocimiento del inglés. La iniciativa no satisface las demandas de los conservadores, que exigen un sistema de cuotas.

La última revisión legislativa sobre esta materia en manos del Parlamento británico establece multas, e incluso penas de cárcel, para quienes empleen a sin papeles. Además, introduce mejoras tecnológicas en el control de fronteras, como la comprobación de la identidad a través de huellas digitales por parte de los oficiales de inmigración o el intercambio de información con agencias de Inteligencia de otros países.

Las últimas cifras de sin papeles en Reino Unido admitidas públicamente por el Gobierno – entre 310.000 y 570.000 – han causado una tormenta política.