El Plan África, aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros, dio ayer sus primeros frutos. Las fuerzas de seguridad de Mauritania detuvieron, por vez primera desde la firma de convenios sobre inmigración, a 207 clandestinos que, provenientes de Senegal, intentaban viajar de manera ilegal a las islas Canarias, informaron fuentes de la Media Luna Roja mauritana.

Entre el viernes y la madrugada del sábado fueron detenidos 133 senegaleses en Nuadibú y otros 74 en el norte de Nuakchot. Los arrestados se encontraban ayer en centros de detención en Nuadibú y en otros centros de la brigada marítima en esa ciudad y en Nuakchot, añadieron las fuentes.

La extradición de los detenidos a Senegal se efectuará a través de las fronteras terrestres con ese país, limítrofe a Mauritania.

Paralelamente, las autoridades senegalesas decidieron actuar con más firmeza para frenar las salidas de emigrantes ilegales con destino a las islas Canarias, un fenómeno que el Ejecutivo de Dakar califica ya de «plaga».

Miembros del Gobierno y de los servicios de Seguridad se reunieron en Dakar en los últimos días para examinar estas actividades clandestinas. Se calcula que desde enero pasado cerca de 5.000 personas han abandonado las costas senegalesas, principalmente desde esta ciudad cercana a la frontera con Mauritania, para buscar mejores condiciones de vida en Europa, vía islas Canarias. El viaje ha causado la muerte de decenas de personas.

«Hoy día existe una voluntad mucho más firme para frenar esta forma ilegal, y sobre todo muy arriesgada, de emigrar hacia Europa», dijo a Efe un alto oficial de los servicios de seguridad que prefirió no ser identificado.

Capacidad de Canarias

Al hilo del fenómeno que ha puesto nuevamente al borde del colapso a los centros de acogida insulares, la vicepresidenta primera del Gobierno aseguró ayer que éstos «no tienen problemas» de saturación. María Teresa Fernández de la Vega consideró incierto que las plazas sean insuficientes y garantizó que, si hicieran falta más, el Ejecutivo se encargaría de habilitarlas.

Tras entrevistarse con el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, la portavoz gubernamental ofreció una rueda de prensa en Mérida, en la que se refirió a la crisis que viven las islas por la avalancha de cayucos de los últimos días.

La número dos del Ejecutivo aseguró que «la situación de Canarias preocupa y ocupa al Gobierno de España», y que Adán Martín, jefe del Gobierno autonómico, es consciente de que la administración central ha destinado tres millones de euros a hacer frente a esa llegada, y que atiende a los subsaharianos que llegan a sus costas «de forma extraordinaria» a través de varias ONG.

De la Vega resaltó, igualmente, que se han duplicado los fondos para resolver este problema y que «por primera vez» el Gobierno ha dedicado una partida de 120 millones de euros para la integración de los inmigrantes, «de la que la parte más importante la está recibiendo» el archipiélago. «El presidente de Canarias sabe perfectamente que estamos en contacto con UE, sabe de los acuerdos con Mauritania y Marruecos y conoce además que se ha ordenado la inmigración desde Marruecos», agregó. La vicepresidenta pidió tranquilidad a los canarios y les agradeció «su posición generosa y solidaria».

Fernández de la Vega explicó que el Gobierno admite la llegada de inmigrantes regulares, pero advirtió que quien llegue de forma irregular será expulsado del país. Al objeto de agilizar las repatriaciones, el Ejecutivo activará este domingo una ofensiva diplomática que incluye el envío de doce diplomáticos a países de África occidental, de donde proceden la mayoría de los indocumentados. Este equipo, que dirigirá desde Senegal el embajador en misión especial Miguel Ángel Fernández – Mazarambroz, ejercerá tareas de interlocución con los gobiernos de la región, a los que tratará de convencer para que firmen acuerdos de readmisión con España.