El rey Juan Carlos telefoneó el viernes por la noche al presidente canario, Adán Martín, para interesarse por la situación que se vive en el archipiélago a causa de la oleada de inmigrantes y por el drama que viven estos sin papeles que llegan extenuados hasta sus costas. Ese mismo día, Martín había anunciado su intención de acudir a la Corona para pedirle que se frenen dichas avalanchas.

El Monarca expresó su “preocupación” ante el agravamiento de la situación y el impacto que puede tener entre los ciudadanos canarios, que se ven desbordados por una llegada masiva de personas, que parece no tener fin.

Por su parte, el presidente autonómico expresó al Rey la necesidad de activar un conjunto de acciones en diversos ámbitos, ya que el control de este fenómeno pasa por diversos tipos de medidas de carácter legislativo, asistencial, policial, de información e inteligencia y, sobre todo, de acuerdos internacionales que permitan reducir las salidas desde el litoral africano.

Por su parte, María Teresa Fernández de la Vega consideró ayer incierto que las plazas en los centros de acogida de Canarias sean insuficientes y garantizó que, si hicieran falta más, el Ejecutivo se encargaría de habilitarlas.

Tras entrevistarse con el presidente de la Junta de Extremadura, Rodríguez Ibarra, la portavoz gubernamental ofreció una rueda de prensa en Mérida, donde se refirió a la crisis que viven las islas por la avalancha de cayucos de los últimos días. De la Vega destacó que el Ejecutivo está cumpliendo todos los acuerdos en materia de inmigración y que la acogida de los irregulares se está realizando “con toda dignidad”.

Tres millones de euros

En este sentido la número dos del Ejecutivo aseguró que “la situación de Canarias preocupa y ocupa al Gobierno de España”, y que Adán Martín, jefe del Gobierno autonómico, es consciente de que la administración central ha destinado tres millones de euros a hacer frente a esa llegada, y que atiende a los subsaharianos que llegan a sus costas “de forma extraordinaria” a través de varias ONG.

De la Vega resaltó, igualmente, que se han duplicado los fondos para resolver este problema y que “por primera vez” el Gobierno ha dedicado una partida de 120 millones de euros para la integración de los inmigrantes, “de la que la parte más importante la está recibiendo” el archipiélago. “El presidente de Canarias sabe perfectamente que estamos en contacto con UE, sabe de los acuerdos con Mauritania y Marruecos y conoce además que se ha ordenado la inmigración desde Marruecos”, agregó. La vicepresidenta pidió tranquilidad a los canarios y les agradeció “su posición generosa y solidaria”.

De la Vega explicó que el Gobierno admite la llegada de inmigrantes regulares, pero advirtió que quien llegue de forma irregular será expulsado del país. Al objeto de agilizar las repatriaciones, el Ejecutivo activará una ofensiva diplomática en países de África occidental, de donde proceden la mayoría de los indocumentados.

Réplica del PP

Por contra, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Interior del Congreso, Alicia Sánchez Camacho, acusó a la vicepresidenta Fernández de la Vega, de “no estar diciendo la verdad” cuando asegura que los centros de acogida en Canarias “no tienen problemas”, ya que, según destacó, éstos están “absolutamente desbordados”. “El colapso en los centros de inmigración es absoluto”, dijo.