Mayoritariamente son hombres, adultos, en edad de trabajar y sanos. No parecen víctimas, pero lo son. Inmigrantes Pakistánís y chinos son esclavizados en comercios (como los colmados 24 horas y centros de estética) por mafias que se aprovechan de su exclusión social. En la provincia de Barcelona, la Policía Nacional e Inspección de Trabajo han llevado a cabo recientemente un centenar de actuaciones en establecimientos que pagaban con dinero negro a personas sin papeles que trabajan en situaciones inhumanas. El colectivo Pakistání advierte de que hay empresarios, algunos españoles, que les prometen falsos contratos a medida para conseguir la documentación, a veces de forma fraudulenta.

La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), que depende de la Policía Nacional, ha multiplicado el número de actuaciones en estos establecimientos en tan solo dos años en Catalunya. En Barcelona ciudad pasaron de 44 en el 2017 a 98 en el 2018. En la provincia, de 73 a 113. Y en toda Catalunya, de 131 a 164. Todas estas actuaciones, en colaboración con Inspección de Trabajo. Ya sea la del Estado o de la Generalitat.

Hasta 10.000 euros
Estos datos los revela a EL PERIÓDICO Emilio de la Calle Sánchez, comisario jefe de la UCRIF en Catalunya. “En los países de origen hay facilitadores que les preparan los expedientes, los captan y consiguen que atraviesen la frontera como turistas”, explica el comisario. Estas personas pueden estar pagando alrededor de 10.000 euros para llegar a Barcelona, con recorridos que a veces parecen inverosímiles.

Por ejemplo: un grupo de Pakistánís cruzaron la frontera europea en Finlandia, con concordancia con la embajada finesa en Pakistán. Volaron hacia Estonia para, presuntamente, participar en un torneo de kárate, y finalmente terminaron en el aeropuerto de El Prat (Barcelona). Muy pocos sabían algo de artes marciales. Es lo que desveló la Policía Nacional en la ‘operación Samina’ en cooperación con la Europol. Este es solo un caso.

Pero el problema está en que una vez las personas aterrizan en Barcelona tienen que pagar una deuda: las mujeres son explotadas sexualmente y prostituidas; los hombres son destinados a los trabajos forzados. Es una situación muy invisibilizada. La población Pakistání o bengalí suele regentar pequeños supermercados de 24 horas o establecimientos relacionados con la restauración. La población china y del sudeste asiático, centros de estética, a veces especializados en manicura. Y de hecho, el colectivo de Pakistán es uno de los más numerosos Catalunya, donde reside prácticamente la mitad de la población de esta nacionalidad de toda España.

“Pisos hacinados”
“Les dan alojamiento en pisos hacinados, sin contrato y con jornadas que pueden superar las 20 horas diarias…. En definitiva, se aprovechan de su vulnerabilidad”, explica el comisario de la Calle. A veces el trabajo policial comienza con sospechas en una inspección de trabajo, tanto de la Generalitat como del Estado. Otras, es la policía quien recibe el primer soplo de información y la Seguridad Social o los inspectores laborales confirman el fraude.

Pero el problema puede ser aún peor. El colectivo Pakistání alerta de extorsiones que también se dan a causa de las trabas generadas por la ley de extranjería. “Hay empresarios que hacen contratos a medida para regularizar papeles”, explica el presidente de la Asociación de Trabajadores Pakistánís de Barcelona, Javed Ilyas. Y es que, según la ley, para lograr la residencia legal y el permiso de trabajo hay que conseguir un contrato de un año a tiempo parcial, algo imposible incluso para los españoles. A cambio, las “empresas” piden extraordinarias cantidades de dinero a los inmigrantes. Aproximadamente, entre 10.000 y 12.000 euros para hacer este contrato de un año. Al margen de todo esto, está el viaje para llegar a Barcelona. “Suelen ser personas de clase media en Pakistán que quieren prosperar, traer dinero o reagrupar después a su familia”, señala el presidente.

Algunas de estas personas trabajan explotadas. Otras no pisan su empleo. Y muchas pagan las deudas vendiendo latas por la calle, o con trabajos en negro y sin ninguna seguridad. “La mayoría de quienes se aprovechan de esta situación son personas del colectivo Pakistání, aunque también hay españoles que lo hacen”, señala Ilyas. En realidad, es muy difícil hacer ver a las víctimas que no deben aceptar este chantaje, pues la única alternativa real es esperar tres años y lograr los papeles por la vía del arraigo.

El contrato falso
La otra cara de la moneda es el timo. “Viene gente llorando a quienes, después de pagar un dineral, la Oficina de Extranjería no les admite el contrato porque es falso”, relata el Pakistání. Y no hay nada ni nadie a quien reclamar.

Esta situación la confirma también Hasnat Hashmi, abogado que atiende mayoritariamente a población Pakistání en el Raval. Confirma que hay personas que pagan entre 10.000 y 20.000 euros para llegar hasta Catalunya, hacer trabajos forzados y abonar falsos contratos de trabajo. También asegura que hay empresas españolas que están implicadas en estos timos, aunque no es lo habitual. Y pone de ejemplo la macro causa 5257/2017 que coordina el juzgado de instrucción 4 del Hospitalet, donde están implicadas personas de nacionalidad española y que se remonta a casos del 2012.

“El problema es que nuestros clientes no entienden que son víctimas, no tienen esa percepción”, explica. Algo que resulta clave en el momento en que la policía interviene y los casos se judicializan. “Hay miedo a declarar”, relata. Y es que, para muchos, vivir hacinados o hacer jornadas laborales tan largas no es nada raro, sino que se trata simplemente del precio de vivir en Occidente, algo que están dispuestos a pagar. Esta situación de extrema vulnerabilidad preocupa a la Generalitat. Oriol Amorós, secretario de migraciones, lo encuentra “lamentable”. “En este país tenemos personas que están pagando por trabajar”, explica. Y culpa directamente las excesivas trabas de la ley de extranjería.

Una vez las víctimas son rescatadas (y especialmente las de los casos de explotación más flagrante) son trasladadas con alguna entidad social que les ofrece un hogar y les ayuda psicológicamente. Sin embargo, “no hay plazas para los hombres”, pues es “bastante complicado encontrarlas”, constata el comisario de la Calle. A diferencia de las entidades que atienden víctimas de trata por explotación sexual, para los hombres no hay tantos recursos. Además, al haber muchos menos casos de hombres que de mujeres, tampoco hay pisos abiertos disponibles. “A veces los trasladamos a otras comunidades”, explica este policía. Una fórmula con la que, al menos, logran que se desvinculen totalmente de la red que los ha explotado.
Mayoritariamente son hombres, adultos, en edad de trabajar y sanos. No parecen víctimas, pero lo son. Inmigrantes Pakistánís y chinos son esclavizados en comercios (como los colmados 24 horas y centros de estética) por mafias que se aprovechan de su exclusión social. En la provincia de Barcelona, la Policía Nacional e Inspección de Trabajo han llevado a cabo recientemente un centenar de actuaciones en establecimientos que pagaban con dinero negro a personas sin papeles que trabajan en situaciones inhumanas. El colectivo Pakistání advierte de que hay empresarios, algunos españoles, que les prometen falsos contratos a medida para conseguir la documentación, a veces de forma fraudulenta.

La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), que depende de la Policía Nacional, ha multiplicado el número de actuaciones en estos establecimientos en tan solo dos años en Catalunya. En Barcelona ciudad pasaron de 44 en el 2017 a 98 en el 2018. En la provincia, de 73 a 113. Y en toda Catalunya, de 131 a 164. Todas estas actuaciones, en colaboración con Inspección de Trabajo. Ya sea la del Estado o de la Generalitat.

Hasta 10.000 euros
Estos datos los revela a EL PERIÓDICO Emilio de la Calle Sánchez, comisario jefe de la UCRIF en Catalunya. “En los países de origen hay facilitadores que les preparan los expedientes, los captan y consiguen que atraviesen la frontera como turistas”, explica el comisario. Estas personas pueden estar pagando alrededor de 10.000 euros para llegar a Barcelona, con recorridos que a veces parecen inverosímiles.

Por ejemplo: un grupo de Pakistánís cruzaron la frontera europea en Finlandia, con concordancia con la embajada finesa en Pakistán. Volaron hacia Estonia para, presuntamente, participar en un torneo de kárate, y finalmente terminaron en el aeropuerto de El Prat (Barcelona). Muy pocos sabían algo de artes marciales. Es lo que desveló la Policía Nacional en la ‘operación Samina’ en cooperación con la Europol. Este es solo un caso.

Pero el problema está en que una vez las personas aterrizan en Barcelona tienen que pagar una deuda: las mujeres son explotadas sexualmente y prostituidas; los hombres son destinados a los trabajos forzados. Es una situación muy invisibilizada. La población Pakistání o bengalí suele regentar pequeños supermercados de 24 horas o establecimientos relacionados con la restauración. La población china y del sudeste asiático, centros de estética, a veces especializados en manicura. Y de hecho, el colectivo de Pakistán es uno de los más numerosos Catalunya, donde reside prácticamente la mitad de la población de esta nacionalidad de toda España.

“Pisos hacinados”
“Les dan alojamiento en pisos hacinados, sin contrato y con jornadas que pueden superar las 20 horas diarias…. En definitiva, se aprovechan de su vulnerabilidad”, explica el comisario de la Calle. A veces el trabajo policial comienza con sospechas en una inspección de trabajo, tanto de la Generalitat como del Estado. Otras, es la policía quien recibe el primer soplo de información y la Seguridad Social o los inspectores laborales confirman el fraude.

Pero el problema puede ser aún peor. El colectivo Pakistání alerta de extorsiones que también se dan a causa de las trabas generadas por la ley de extranjería. “Hay empresarios que hacen contratos a medida para regularizar papeles”, explica el presidente de la Asociación de Trabajadores Pakistánís de Barcelona, Javed Ilyas. Y es que, según la ley, para lograr la residencia legal y el permiso de trabajo hay que conseguir un contrato de un año a tiempo parcial, algo imposible incluso para los españoles. A cambio, las “empresas” piden extraordinarias cantidades de dinero a los inmigrantes. Aproximadamente, entre 10.000 y 12.000 euros para hacer este contrato de un año. Al margen de todo esto, está el viaje para llegar a Barcelona. “Suelen ser personas de clase media en Pakistán que quieren prosperar, traer dinero o reagrupar después a su familia”, señala el presidente.

Algunas de estas personas trabajan explotadas. Otras no pisan su empleo. Y muchas pagan las deudas vendiendo latas por la calle, o con trabajos en negro y sin ninguna seguridad. “La mayoría de quienes se aprovechan de esta situación son personas del colectivo Pakistání, aunque también hay españoles que lo hacen”, señala Ilyas. En realidad, es muy difícil hacer ver a las víctimas que no deben aceptar este chantaje, pues la única alternativa real es esperar tres años y lograr los papeles por la vía del arraigo.

El contrato falso
La otra cara de la moneda es el timo. “Viene gente llorando a quienes, después de pagar un dineral, la Oficina de Extranjería no les admite el contrato porque es falso”, relata el Pakistání. Y no hay nada ni nadie a quien reclamar.

Esta situación la confirma también Hasnat Hashmi, abogado que atiende mayoritariamente a población Pakistání en el Raval. Confirma que hay personas que pagan entre 10.000 y 20.000 euros para llegar hasta Catalunya, hacer trabajos forzados y abonar falsos contratos de trabajo. También asegura que hay empresas españolas que están implicadas en estos timos, aunque no es lo habitual. Y pone de ejemplo la macro causa 5257/2017 que coordina el juzgado de instrucción 4 del Hospitalet, donde están implicadas personas de nacionalidad española y que se remonta a casos del 2012.

“El problema es que nuestros clientes no entienden que son víctimas, no tienen esa percepción”, explica. Algo que resulta clave en el momento en que la policía interviene y los casos se judicializan. “Hay miedo a declarar”, relata. Y es que, para muchos, vivir hacinados o hacer jornadas laborales tan largas no es nada raro, sino que se trata simplemente del precio de vivir en Occidente, algo que están dispuestos a pagar. Esta situación de extrema vulnerabilidad preocupa a la Generalitat. Oriol Amorós, secretario de migraciones, lo encuentra “lamentable”. “En este país tenemos personas que están pagando por trabajar”, explica. Y culpa directamente las excesivas trabas de la ley de extranjería.

Una vez las víctimas son rescatadas (y especialmente las de los casos de explotación más flagrante) son trasladadas con alguna entidad social que les ofrece un hogar y les ayuda psicológicamente. Sin embargo, “no hay plazas para los hombres”, pues es “bastante complicado encontrarlas”, constata el comisario de la Calle. A diferencia de las entidades que atienden víctimas de trata por explotación sexual, para los hombres no hay tantos recursos. Además, al haber muchos menos casos de hombres que de mujeres, tampoco hay pisos abiertos disponibles. “A veces los trasladamos a otras comunidades”, explica este policía. Una fórmula con la que, al menos, logran que se desvinculen totalmente de la red que los ha explotado.