WASHINGTON. DV. El trascendental pulso que libra Estados Unidos para aprobar una reforma completa de su política de inmigración empieza a parecerse a una de esas inversiones filatélicas en las que está muy claro el dinero invertido en un principio pero no el resultado final. Dentro del empeño por lograr un elusivo consenso político con los sectores más conservadores en la colina del Capitolio, el Senado se ha tropezado esta semana con la polémica del English only y todas las tensiones acumuladas en un país que avanza demográficamente hacia el bilingüismo del inglés y el español.

En ese contexto problemático se entienden tanto las dos enmiendas aprobadas este jueves – una declarando al inglés como lengua oficial y otra hablando de lengua común y unificadora – como la poca clara respuesta de la Casa Blanca.

Con una Administración Bush respaldando y rechazando de forma casi simultánea los argumentos utilizados a favor y en contra de llenar la laguna lingüística dejada en la Constitución de EE UU, que no contempla específicamente ninguna lengua oficial para un país donde 47 millones de habitantes hablan en casa otra lengua diferente al inglés, en su gran mayoría hispanos.

Al día siguiente de la votación en el Senado sobre las enmiendas del inglés, el portavoz oficial de la Casa Blanca recalcaba que la posición del presidente Bush es que «hay que asegurarse que la gente que se convierte en ciudadanos de Estados Unidos dominan el inglés». Según Tony Snow, el tertuliano de la cadena Fox reconvertido a vocero institucional, «es tan simple como eso». Pero en la bronca sobre qué hace con los más de doce millones de inmigrantes ilegales acumulados por la mayor economía del mundo, nada es simple.

Esta disputa planteada a nivel federal recuerda al gran debate generado a nivel estatal y local hace una década. Como resultado de esa ofensiva del English only, en la actualidad 27 de los 50 estados ya tienen en vigor legislación declarando el inglés su idioma oficial.