Pocas horas después de que el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, Adán Martín, anunciara que acudiría «a la Corona» si el presidente José Luis Rodríguez Zapatero persistía en su silencio y no le citaba para reunirse y abordar el fenómeno de la inmigración irregular, era el propio Rey el que decidía llamar al presidente canario.

Así, mientras se sigue a la espera del encuentro entre Zapatero y Martín, el Gobierno regional confirmó ayer que Don Juan Carlos telefoneó la noche del viernes a Adán Martín para interesarse por la situación de las islas. Según las mismas fuentes, el Rey mostró «su preocupación, solidaridad y apoyo de la Familia Real a los canarios ante la masiva llegada de pateras con inmigrantes indocumentados».

Adán Martín expresó al Rey la necesidad de activar un conjunto de acciones en diversos ámbitos, «ya que el control de este fenómeno pasa por un muy diverso tipo de medidas de carácter legislativo, asistencial, policial, de información e inteligencia y, sobre todo, de acuerdos internacionales que permitan reducir las salidas desde el litoral africano».

El problema de la inmigración ilegal con destino a Canarias viene de lejos. La primera patera que tocó la costa de Canarias lo hizo en el año 1994. Fueron 10 los inmigrantes que se atrevieron a realizar la travesía o, al menos, los que llegaron sanos y salvos. Partieron de la costa marroquí. Desde entonces, las pateras han evolucionado y se han convertido en grandes barcazas en las que caben alrededor de 100 personas, y las mafias que trafican con seres humanos han ido seleccionando nuevas rutas por vía marítima desde el litoral africano con un mismo destino: Canarias, la puerta sur de entrada a Europa.

Los cayucos que salen de la costa sur de Mauritania y Senegal miden entre 22 y 23 metros de eslora, cinco metros más largos que los utilizados hace tan sólo un mes atrás. Si desde Marruecos y Mauritania, el lugar para el avituallamiento antes de salir a las islas es Bojador, en la costa de Senegal ha sido elegida la ciudad de San Luis. Allí se agolpan miles de senegaleses y subsaharianos venidos de todos aquellos países donde la hambruna y las guerras son una constante, en busca de un mundo que les prometen paradisíaco.

En Senegal, los niños ayudan a los mayores a poner a punto las barcazas. Una de ellas cuesta alrededor de 12.000 euros, todo un negocio para la economía familiar. El pasaje por persona cuesta, además, unos 700 euros desde ese lado del Atlántico. En el mes de mayo han llegado a Canarias más de 7.000 inmigrantes en patera, cuando en todo el año 2005 se registraron 4.751 entradas por vía marítima. Hasta la fecha, los años con mayor número de inmigrantes han sido 2003, con 9.555, y 2002, con 9.929; aunque 2006 romperá todos los récords si no baja el ritmo de entradas.

La llegada de sin papeles a las islas no cesa. Los servicios de seguridad, urgencia, emergencia marítima y Justicia llevan colapsados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife desde hace más de una semana por la llegada masiva de inmigrantes. Ayer fue un día tranquilo, si bien la alerta continúa ante el aviso de la llegada de nuevas barcazas, que han sido divisadas desde la costa mauritana y senegalesa rumbo a Canarias.

La Confederación Española de Policía (CEP) denunció ayer a EL MUNDO «la falta de salubridad» de los Centros de Retención de Extranjeros (CIES) de Canarias. Unos centros que están saturados, conforme a las cifras que da la Delegación del Gobierno. Según el portavoz de la CEP en Canarias, Agustín Brito, los CIES están siendo vigilados por tres policías. «Hay averías en los inodoros, éstos se rebosan y los olores son insoportables», denuncia el policía. «La salubridad es mínima y no hay revisiones médicas ni entre los agentes, ni entre el personal de limpieza o de cocina», continúa. «Nos hemos enterado del fallecimiento, hace un mes, de un inmigrante que estaba en un centro enfermo y no se nos comunican las causas de su fallecimiento. Podemos estar en contacto con enfermedades infecto – contagiosas y, sin embargo, no se toman medidas de prevención».

Según la CEP, están saliendo a diario, con destino a Málaga, Murcia, Valencia, Madrid y Barcelona, vuelos con una media de 70 inmigrantes. «En los aviones sólo hay cuatro o cinco policías, la seguridad es nula y negamos rotundamente que se estén llevando a cabo repatriaciones».