«Empieza a perfilarse en la Unión Europea un amplio consenso a favor del plan español contra la inmigración irregular».

Cualquiera puede pensar que el párrafo con el que se abre este artículo corresponde al anuncio de Bruselas de que la actual angustia inmensa del Gobierno español, enfrentado a las avalanchas de inmigrantes que están entrando en España por tierra, mar y aire, se va a ver paliado próximamente por una Unión Europea que, súbitamente consciente de su responsabilidad, va a asumir como propio el drama de la inmigración ilegal que ahora mismo padece España.

Pues no. Ese párrafo es el sumario de una crónica publicada en el diario EL MUNDO en el mes de febrero de 2002, cuando acababa de iniciarse el semestre de la Presidencia española de la UE.Una Presidencia que se cerró en el mes de junio con la Cumbre de Sevilla, en la que se acordó poner la bases para una política europea común y efectiva de inmigración. Pero es que antes aún, en la Cumbre de Tampere, de octubre de 1999, los Quince habían decidido impulsar un espacio común europeo de seguridad y justicia que incluía, naturalmente, una política común de emigración.

¿Alguien ha visto algo positivo o concreto después de tanta declaración, de tanta preocupación, de tanto proyecto? ¿Alguien ha visto que se hayan puesto en marcha propuestas como la del visado común para impedir que un inmigrante ilegal al que se le deniega la entrada a un país de la UE se le pueda conceder en otro? ¿Alguien ha visto que se haya constituido la policía europea de fronteras, otro de los proyectos de la Europa de 2002? ¿Alguien ha visto que la rica Unión actuara conjuntamente en una estrategia de ayuda al desarrollo en los países que exportan inmigrantes por necesidad y por miseria? Salvo las repatriaciones comunes que de vez en cuando se hacen, nadie ha visto nada, porque todo es ya papel mojado.

Llevamos los europeos muchos años con el tema de la inmigración a las espaldas. Muchos años discutiendo el modo de combinar el fomento y apoyo a la inmigración legal y controlada con las medidas para intentar frenar, ya que no impedir, la incontrolada. Los mismos años que lleva España intentando que la UE ponga en pie una política de inmigración que no puede ser eficaz si no cuenta con el concurso de todos sus miembros.

Pero ha sido inútil. Tanto, que ahora vemos con estupor cómo María Teresa Fernández de la Vega, completamente abrumada – por mucho que intente disimularlo – por lo que se nos viene encima, por lo que tenemos encima ya, viaja la semana que viene a Bruselas para entrevistarse, como si esto acabara de empezar, con el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, y pedir ayuda a la Unión.Pero su S.O.S. no va a ser respondido, entre otras cosas porque no es la Comisión la que puede dar la respuesta que España necesita: las decisiones realmente operativas sólo las pueden tomar los Estados miembros en las cumbres semestrales. ¿Qué arreglaremos nosotros con los pocos millones de euros que puede librar la Comisión para una intervención rápida de control de las avalanchas de verano? Casi nada: pan para hoy…

El formidable e insuperable problema de la inmigración sólo podría abordarse seriamente poniendo en común una sola estrategia y llevándola a la práctica durante años. Pero eso, que se había decidido en 2002, se ha vuelto completamente del revés: las políticas de inmigración europeas se han ido atomizando hasta hacerse decididamente insolidarias. Aquella Francia de Chirac que en la Cumbre de Sevilla, gobernando Aznar, se opuso a que se aprobara una política de revisión de acuerdos con los países terceros que no cooperaran con la UE a la hora de controlar los flujos ilegales de emigrantes; esa misma Francia, con ese mismo Chirac de presidente, está a punto de aprobar ahora una nueva ley de inmigración extraordinariamente dura que, por supuesto, va a perjudicar a España todavía más porque va a aumentar el ya altísimo flujo de inmigración ilegal que recibimos.

A nuestro país, que se ha quedado más solo que la una en su angustiado empeño de frenar la marea imparable que le llega por el sur, por el norte y por el mismísimo centro de los aeropuertos, le están sucediendo ahora mismo varias cosas que tienen mala solución.Le sucede, por ejemplo, que las regularizaciones extraordinarias llevadas a cabo en España en 2005, al haber sido hechas contra el criterio de Bruselas, que desaconsejó una y otra vez que nuestro Gobierno las llevara a cabo, están teniendo como resultado la irritante indiferencia de las autoridades comunitarias ante lo que está ocurriendo aquí. Las declaraciones, el viernes pasado, del portavoz del comisario europeo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria lo han dejado muy claro aunque hayan ido envueltas en el etéreo lenguaje diplomático. El representante de Louis Michel aceptó la obviedad de que el problema de la inmigración subsahariana no es español, sino comunitario. Pero luego añadió que, precisamente por eso, la Unión «prefiere» que los socios de la UE «no adopten medidas unilaterales» como la que llevó a cabo España el año pasado. Está claro el reproche, tanto como lo está el castigo en forma de educada indiferencia, de raquítica reacción.

A España le sucede también que, además del flujo previsto de inmigración, que ya de por sí resulta ingobernable, esas regularizaciones extraordinarias han atraído a miles de inmigrantes más. Y no precisamente a los que salen en malas barcas a jugarse la vida en el océano, porque puede que el efecto llamada no opere sobre los propios inmigrantes, aunque sí sobre las mafias que les engañan y les llevan a morir en mitad del mar. A quienes sin duda han atraído es a esos miles de personas que estaban ya en países de la Unión en situación ilegal y que, presionados por distintas legislaciones, algunas muy restrictivas, llevan meses poniendo rumbo a nuestro país, donde esperan encontrar refugio y tranquilidad, ya que no precisamente una cálida acogida. «Sarkozy nos está mandando a España a los inmigrantes que no quiere» decía hace días, un poco en caricatura, un alto cargo de la Administración española.

Pues, si esto sigue así, habrá que imitarle. Que nadie se escandalice pero, del mismo modo que el Gobierno necesita imperiosamente sacar de las islas Canarias y traer a la Península a miles de subsaharianos porque la situación es tal que el archipiélago está a punto de convertirse en un polvorín social, es muy probable que, al final, se vea en la necesidad de hacer lo mismo pero con Europa como destino.

Es decir, que igual que en Madrid, Barcelona o Almería desembarcan regularmente contingentes de seres humanos dispuestos a sobrevivir como sea en el continente rico, Bremen, Orleáns o Salzsburgo tendrán que acabar siendo los destinos finales de tantos hombres y mujeres jóvenes que desde Africa arriban a España, la parte más cercana del paraíso soñado. Porque el problema es nuestro y lo seguirá siendo durante mucho tiempo si no pasa a ser cuanto antes un problema también para los demás. No nos engañemos: ahora mismo estamos solos y el tiempo corre en nuestra contra. Ésa es la verdad.

victoria.prego@elmundo.es