El ministro del Interior, Fernando Grande – Marlaska, defendió hoy el funcionamiento de los ingresos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en España, en respuesta al último informe del Servicio Jesuita a Migrantes, que denunciaba una supuesta “discriminación de origen” en el sistema.

Grande – Marlaska explicó a su llegada a un Consejo de titulares europeos del Interior que el ingreso en los CIE se produce siempre tras una resolución judicial, dictada sobre personas de las que “existe razonablemente una creencia de que van a poder ser expulsados en los tiempos legalmente establecidos, en los sesenta días”.

El ministro subrayó que “esa es la cuestión y lo determinante del ingreso en un CIE o de la pretensión por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Policía Nacional, de petición a la autoridad judicial para que autorice ese ingreso”.

Recordó asimismo que ese criterio “es además uno de los principios del propio Tribunal de Justicia de la Unión en materia de estudio de la devolución: que sean ingresados únicamente aquellos sobre los que exista un pronóstico de que van a ser devueltos en el plazo legal realmente, no es ingresar por ingresar”.

Por otra parte, recordó que “todas las personas que son objeto de expulsión no son personas a las que se les impute ninguna comisión de ningún delito”.

El informe del Servicio Jesuita a Migrantes, presentado este jueves, desveló que en 2018 dos tercios de las personas internadas procedían de Marruecos y de Argelia, más fáciles de devolver a sus países de origen que los subsaharianos sobre la base de los acuerdos de readmisión existentes.

El ministro explicó, por otra parte, que España respalda la reforma de la Directiva europea de Retorno, sobre la que los titulares europeos tratarán hoy de llegar a un acuerdo parcial.

“Su reforma es uno de los objetivos principales en el marco de la reforma de todo lo que es la política migratoria”, dijo el ministro, que añadió que España está “absolutamente por el acuerdo” en ese ámbito.

No obstante, reconoció que la propuesta plantea a España ciertas cuestiones, más técnicas que políticas, en relación con “los plazos mínimos y máximos que se establecen de internamiento al objeto de la devolución, de tres meses que serían 90 días y un máximo de seis meses”.

Asimismo, mencionó “alguna modificación” en materia de recursos internos a las resoluciones de retorno que conllevaría “unas reformas importantes en nuestra legislación interna en cuanto a tutela judicial efectiva”.

Subrayó asimismo que “hablar de retorno es también hablar de acuerdo con los países de origen”, que deben "reconocer a las personas que van a ser devueltas, “sobre las que se establece la expulsión por situación de irregularidad, y porque no se ha entendido o estimado que fueran susceptibles de protección internacional”.

El ministro añadió que “en esos términos hay que contar con la colaboración de los países de origen” ya que de lo contrario “poco retorno efectivo va a tener lugar”.