El eco de los incidentes que el miércoles tuvieron lugar en el número 1 de la calle Moraza, el edificio de pleno centro de Donostia ocupado por una treintena de jóvenes desde hace tiempo y que se saldaron con tres detenidos, siguió sonando ayer.

Fue el alcalde en funciones, Eneko Goia, quien, a preguntas de los periodistas, hizo una valoración de la situación. Reconoció que se trata de un asunto “complicado”, ya que el edificio es una “propiedad privada”, si bien la vía judicial ya está abierta. “Es un asunto complicado porque estamos ante una propiedad privada, en un tema judicializado, en el que los pasos que se den evidentemente tienen que ser por es vía”, insistió Goia, quien prosiguió: “A nosotros nos corresponde garantizar que se cumplen unas mínimas condiciones. Tenemos quejas de muchos vecinos y evidentemente también tenemos que hacer que esas condiciones mínimas se cumplan, desde el punto de vista de la salubridad”.

Precisamente, fue la llamada de un vecino de la zona la que provocó en la mañana del miércoles el enfrentamiento entre la Ertzaintza y algunos ocupas. Al parecer, una patrulla se acercó al inmueble para llevar a cabo una inspección ocular, cuando uno de los jóvenes, al parecer con las facultades mentales mermadas, recibió a los agentes blandiendo dos cuchillos, según informaron fuentes policiales en este periódico. Esto provocó que se desatase una bronca que por momentos fue subiendo de intensidad y añadiendo participantes. Así, mientras los agentes solicitaban refuerzos, un segundo ocupa salió en defensa del primer individuo. Al lugar acudieron dos brigadas móviles más que fueron recibidos entre insultos y a los que los jóvenes ocupas lanzaron todo tipo de objetos desde las ventanas y el hueco de la escalera. Finalmente, la disputa se saldó con tres personas detenidas y seis agentes golpeados.
Sin embargo, desde el Ayuntamiento insisten en que tienen las manos atadas y que deben actuar “en consonancia” con lo que marcan los jueces, que todavía, no se han pronunciado a este respecto.

No obstante, Goia sí confirmó que el Ayuntamiento ha “constatado” la falta de salubridad en la que se encuentra actualmente el edificio, y a este respecto, recordó que es “obligación” del propietario “actuar en ese sentido y dotar al edificio de las condiciones exigibles”. “Ese es el paso que el Ayuntamiento en este momento está dando, el exigir que eso se cumpla”, sentenció Goia, quien informó de que antes de que se produjeran estos incidentes, ya se había previsto celebrar una reunión con los vecinos afectados por esta situación.

concentración Pero la respuesta institucional no fue la única en llegar. Después de que el propio miércoles SOS Racismo denunciara la “violencia gratuita” empleada por la Ertzaintza durante la operación y recordara que actuaron sin “ninguna orden judicial que autorizara su actuación”, ayer fueron la asociación Modahara y el gaztetxe Letaman de Intxaurrondo los que denunciaron estos hechos.

Estos colectivos de jóvenes se concentrarán hoy ante el Ayuntamiento a las 11.30 horas para exigir a los representantes municipales que actúen con “responsabilidad” y no “refuercen los discursos de odio”. A su entender, la actuación policial del miércoles responde a un acto xenófobo, ya que los moradores de la vivienda son, en su mayoría, marroquíes y argelinos, que “llevan nueve meses en el bloque sin haber sido desalojados”. “Son, en su mayoría, jóvenes procedentes de centros de menores que al cumplir los 18 años se quedan en la calle y no tienen otra alternativa”, aseguraron estas organizaciones, que lamentaron que, a su entender, los agentes actuaron bajo la excusa de “llevarse a los que no tienen papeles”.

En este sentido, recalcaron que los policías que se personaron en el lugar actuaron con gran violencia, “irrumpieron en la casa, sin una orden de entrada”. “Tiraron las puertas a golpes, sin darles una oportunidad de entender lo que estaba pasando”, prosiguieron, y denunciaron que los ocupantes de la vivienda fueron “amenazados y golpeados”.

Por todo ello, hicieron un llamamiento a la “responsabilidad” y a que no se “refuercen los discursos del odio” desde los poderes públicos.