Nadie tiene en su mano la fórmula mágica para cortar de raíz las avalanchas de subsaharianos desesperados que arriban en cayucos a las costas de Canarias desbordando todas las previsiones. Pero siendo eso cierto, ante semejante situación el Gobierno no debe mostrarse desconcertado, como está ocurriendo, sino mantener coherencia y firmeza dentro de unas dificultades objetivas que no deben ocultarse a la población. Ni tampoco tratar de confundir a la opinión pública con datos increíbles estadísticos sobre la disminución del número de pateras.


El Consejo de Ministros ha aprobado una acción de respuesta extraordinaria, denominada Plan África 2006 – 2008, para hacer frente a la llegada de ilegales. Sin embargo, este plan de refuerzo de la presencia política y diplomática española en el África subsahariana, posiblemente oportuno, será a todas luces insuficiente para cortar las masivas expediciones de ilegales organizadas por mafias que trafican con seres humanos y que están llegando al extremo de fletar barcos nodriza desde los que lanzan los cayucos hacia las costas canarias. Si la misión de los diez diplomáticos que se desplazarán a ese continente es procurar acuerdos de repatriación con los países de donde salen los ocupantes de los cayucos, es muy ingenuo pensar que puedan alcanzarse convenios sin contraprestaciones económicas.


Extraña, pues, que se exhiba como solución un plan que no va acompañado de dotación presupuestaria específica. El desconcierto gubernamental se aprecia también en la tardanza del Ejecutivo para plantear enérgicamente a la Unión Europea el cumplimiento del compromiso de todos sus socios en la salvaguarda de las fronteras del espacio comunitario. Ahora se pide apoyo logístico a la UE –que en su momento fue bastante crítica con la regularización lanzada por Caldera– y una delegación especial de la Agencia Europea de Fronteras para Canarias, pero ¿con qué fuerza? No es este el primer Gobierno que hace esas peticiones y ojalá sea esta la primera vez que se atiende a las mismas por parte de una UE incapaz de aprobar una política común en materia de inmigración.