El Ejecutivo solicitó ayer a la Agencia Europea para el Control de Fronteras Exteriores (Frontex) “apoyo logístico”, el envío de expertos en inmigración y “que coordine el despliegue de medios marítimos y aéreos europeos” para controlar los flujos migratorios que están provocando la llegada de cayucos y pateras con indocumentados a las costas Canarias.

Entre las peticiones formuladas a la Frontex también figura el envío a Canarias de una delegación de coordinación y control de fronteras. La vicepresidenta primera del Gobierno confió, al término de la reunión del Consejo de Ministros, en que la UE atienda “de inmediato” esas demandas y colabore con España. María Teresa Fernández de la Vega subrayó que “quienes llegan a España llegan también a Europa”, y la inmigración ilegal “es un problema de todos” los países socios de la UE.

La próxima semana, la vicepresidenta viajará a Bruselas para entrevistarse con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y con varios comisarios de la Unión al objeto de “acelerar todas las medidas” solicitadas. Desde hace unos años, el Gobierno pelea sin demasiado éxito con las instituciones europeas para impulsar una estrategia global y que el resto de países asuma el problema como propio.

La número dos del Ejecutivo anunció además que una delegación del Parlamento Europeo visitará Tenerife y Fuerteventura a principios de junio para ver sobre el terreno la dimensión del problema.

El Ejecutivo ya logró, en la negociación de las últimas perspectivas financieras europeas, la creación de un fondo especial para combatir la inmigración ilegal. El Consejo Europeo de diciembre pasado encargó a la agencia Frontex estudiar si es posible establecer una red de radio patrullas que operen por todo el Mediterráneo, así como la extensión a Italia y Grecia del sistema de vigilancia electrónica de fronteras.

Controles aéreos y marítimos

La cooperación europea, el control de las fronteras terrestres y marítimas, la ayuda a los indocumentados y la cooperación diplomática son los ejes de la política de control de los flujos migratorios. El objetivo es que la entrada de extranjeros en España se produzca de manera “legal y ordenada”. La vicepresidenta subrayó que “quienes lleguen sin documentación no se van a poder quedar”, aunque tampoco serán devueltos “de cualquier manera”. Por eso, el Ejecutivo ha reforzado los centros de acogida que atienden a irregulares recién llegados.

Mañana el Gobierno activará el plan África para reforzar su presencia en la zona subsahariana y reforzará su actividad diplomática en Senegal, Gambia, Cabo Verde, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Níger, Ghana, Camerún, Nigeria, Costa de Marfil y Malí, donde abrirá una embajada. Además en las próximas semanas se firmarán acuerdos de cooperación en materia migratoria con Camerún, Ghana y Senegal, en coincidencia con un viaje que realizará a la región el secretario de Estado de Exteriores y que se activen los ya existentes con otros estados de la zona.

La vicepresidenta también hizo hincapié en el interés del Gobierno por combatir a las mafias que trafican seres humanos. Para eso, explicó, ha aumentado el número de efectivos de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia destinados a esas tareas. Como resultado, en 2006 fueron desarticuladas 172 redes de tráfico de personas, y hubo 727 detenidos por su relación con esas actividades ilegales.