El ritmo de crecimiento es cada vez mayor y ello exige medidas y actuaciones concretas. Según datos del Centro de Estudios para la Integración Social y la Formación de Inmigrantes (CEIM), a finales de este año la población extranjera de la Comunitat alcanzará casi el millón de habitantes. De ellos, 657.000 estarán empadronados mientras que 316.000 (200.000 de ellos, extracomunitarios) no dispondrán de ninguna regulación.

El Gobierno valenciano celebró ayer una sesión deliberativa, de análisis de la situación de la inmigración en la Comunitat, en la que cada conseller propuso una serie de actuaciones en su ámbito de competencia. Estas medidas concretas se desglosarán y completarán en las próximas semanas y meses. Según el portavoz del Consell, Esteban González Pons, se trata de una situación “muy compleja” ante la cual la administración autonómica “no se puede quedar de brazos cruzados”.

En la reunión de ayer se pusieron sobre la mesa varios datos y una petición muy concreta: una reunión con el Gobierno central para valorar las consecuencias del aumento de la inmigración y hacer frente a los problemas que de este fenómeno se derivan. Y es que el Ejecutivo valenciano considera que se trata de una cuestión no sólo de la Generalitat, sino “de Estado”.

Una provincia “invisible”

Actualmente hay en la Comunitat 581.000 inmigrantes empadronados (el 12,4% de la población), cifra que la convierte en la tercera autonomía española en número de extranjeros. Sin embargo, rondarán el millón a finales de este año, de los cuales 316.000 no estarán empadronados. Una cantidad que, como afirmó González Pons, simboliza que en la Comunitat existe “una cuarta provincia invisible”.

En los últimos diez años, el número de alumnos extranjeros en las escuelas valencianas se ha multiplicado por 14, y según las previsiones del Consell, en los próximos cinco años habrá que invertir 1.100 millones de euros en el sistema educativo para atender sus necesidades en este sentido.

Además, desde el segundo trimestre de 2003 (período de la actual legislatura), 155.400 inmigrantes han conseguido empleo, con lo que la tasa de actividad de este sector de la población ha alcanzado el 59,2%.

Sin embargo, esta situación requiere de una mayor colaboración entre las administraciones, como viene reclamando la Generalitat desde hace varios meses. En la actualidad la Comunitat dispone de cinco millones de tarjetas sanitarias, de las que 550.000 son usadas por inmigrantes. El Gobierno central financia 4,3 millones, mientras que el Ejecutivo autonómico ha de costear las otras 700.000.

Por ello, González Pons instó ayer a acordar un modelo de inmigración “sostenible” en el que colaboren todas las administraciones: locales, autonómica y estatal. En lo que llevamos de año, el Gobierno central ha enviado a la Comunitat 145 inmigrantes procedentes de Canarias, el 85% del total de los que envió en todo el año pasado (172).

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