La llegada de inmigrantes clandestinos desde Canarias a la Región, debidamente transportados, como otras muchas veces, momentáneamente alojados y abandonados a su suerte, va a aumentar previsiblemente en los próximos días de modo notable. El hacinamiento de indocumentados en centros de recogida isleños, tras las pacíficas invasiones de las últimas semanas, resulta ya insoportable.

Es lógico que el problema, ante la falta de una actuación decidida por parte del Gobierno central para evitar la llegada masiva de ilegales, sea compartido por todas las comunidades autónomas, tal como pide el presidente canario. La solidaridad interregional, tan maltrecha en los últimos tiempos, debe funcionar en este caso, aunque sea como un parche, como un mal parche, aunque imprescindible, en el desgarrado tejido social.

La Comunidad Autónoma, que hace bien en quejarse del desatino y mala gestión del Gobierno en este terreno, debería tener preparado para no tropezar en parecida piedra, un amplio plan de acogidas, de asistencia social, ¿también de subsistencia laboral?… con el fin de evitar las largas marchas a ninguna parte por la geografía regional de cientos de desheredados hambrientos, sin oficio ni beneficio, que han acabar tomando lo ajeno para subsistencia propia. Esas situaciones inhumanas para los inmigrantes y ese riesgo cierto para los nativos son las que Ramón Luis Valcárcel está obligado a intentar evitar o a minimizar sus efectos.

De todas formas es a Rodríguez Zapatero a quien corresponde arbitrar soluciones duraderas a esta cuestión, ciertamente compleja y difícil, ya que se trata de uno de los problemas más graves que tiene el país por tratarse de una decisión colectiva de subsistencia económica en varios países africanos, que han tomado Europa como Eldorado salvador a través de las fronteras españolas.

Aunque tarde, el Consejo de Ministros realizó ayer una declaración de intenciones y adoptó alguna solución parcial en el terreno diplomático, en el que Miguel Angel Moratinos no se ha caracterizado ni por sus gestiones, ni por su diligencia, ni por las soluciones aportadas. Hace falta mucha cooperación internacional y programas de ayuda para que los inmigrantes prefieran quedarse en su país.

Sin embargo, todos los frentes, que hacen de Canarias la tierra prometida de las mafias, permanecen abiertos: poca vigilancia por mar, escasos efectivos de control en tierra, legislación favorable para los indocumentados, escasa implicación de la Unión Europea

Se necesitan medidas urgentes de todas las administraciones a corto, medio y largo plazo. Lo que se nos puede venir encima es evidente. Es, pues, el momento de actuar de modo coordinado y efectivo.