El Gobierno pidió este viernes ayuda a la Unión Europea (UE) para frenar la avalancha de inmigrantes indocumentados procedentes del África subsahariana que cada día llegan a las costas de Canarias a bordo de cayucos. El Ejecutivo solicitó a la Agencia Europea para el Control de Fronteras Exteriores (FRONTEX) «apoyo logístico», el envío de expertos en inmigración y «que coordine el despliegue de medios marítimos y aéreos europeos» para controlar los flujos migratorios.

La vicepresidenta primera del Gobierno confió, al término de la reunión del Consejo de Ministros, en que la UE atienda «de inmediato» esas demandas y colabore con España. María Teresa Fernández de la Vega subrayó que «quienes llegan a España llegan también a Europa», y la inmigración ilegal «es un problema de todos» los países socios de la UE.

La próxima semana, la vicepresidenta viajará a Bruselas para entrevistarse con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y con varios comisarios de la UE al objeto de «acelerar todas las medidas» solicitadas. Desde hace unos años, el Gobierno pelea sin demasiado éxito con las instituciones europeas para impulsar una estrategia global y que el resto de países asuma el problema como propio. La ‘número dos’ del Ejecutivo anunció además que una delegación del Parlamento Europeo visitará Tenerife y Fuerteventura a principios de junio para ver sobre el terreno la dimensión del problema.

Repatriaciones

La cooperación europea, el control de las fronteras terrestres y marítimas, la ayuda a los indocumentados y la cooperación diplomática son los ejes de la política de control de los flujos migratorios. El objetivo es que la entrada de extranjeros en España se produzca de manera «legal y ordenada». La vicepresidenta subrayó que «quienes lleguen sin documentación no se van a poder quedar», aunque tampoco serán devueltos «de cualquier manera». Por eso, el Ejecutivo ha reforzado los centros de acogida y las ayudas a las ONG que atienden a irregulares recién llegados.

En los últimos días, el Gobierno reforzó los controles aéreos y marítimos sobre las fronteras. Esta semana, tres patrulleras y tres aviones del Ejército se incorporaron a las tareas de vigilancia de la costa entre Senegal y Canarias, que se ha convertido en la ruta principal de entrada de inmigrantes desde que se aplican los convenios de repatriación con Marruecos y Mauritania y funcionan las patrullas conjuntas de vigilancia esos países. El Ejecutivo repatría también a inmigrantes – esta semana han continuado los envíos de extranjeros – a Nigeria, Níger y Guinea Bissau, y trabaja con Senegal y Malí en acuerdos que permitan establecer mecanismos para acreditar la procedencia de sus nacionales.

Plan África

En su reunión de este viernes, el Ejecutivo aprobó también el llamado Plan África, que sitúa al continente vecino entre los objetivos «prioritarios» de su política exterior y también tiene entre sus principales objetivos la cooperación en la regulación de flujos migratorios. Este plan, concebido para tres años, contempla un refuerzo de la presencia política de España en África con la creación de embajadas en Malí, Sudán y Cabo Verde, oficinas técnicas de cooperación y oficinas comerciales en el resto del continente.

En el plano interior, la iniciativa prevé reforzar los procedimientos de repatriación inmediata de irregulares, y en el terreno multilateral buscará involucrar a organizaciones africanas y a la UE en la lucha contra la inmigración ilegal. La primera muestra de esa colaboración será la Conferencia Euroafricana sobre Migración y Desarrollo, que se celebrará en Rabat el próximo mes de julio.

España también colaborará en el afianzamiento de la democracia, la paz y el desarrollo en África mediante iniciativas que promoverán el respeto por los derechos humanos, la cooperación antiterrorista y la criminalidad y la lucha contra la pobreza y las pandemias. Además, el Plan África incluye programas de canje de deuda por desarrollo, con un monto inicial de doscientos millones de dólares.