Madrid – El Gobierno llamó ayer de nuevo a las puertas de Bruselas para
demandar su colaboración en la lucha contra la avalancha de cayucos que
azota las costas canarias. Con el argumento de que los inmigrantes
subsaharianos quieren llegar a España y, por tanto, a Europa, el Ejecutivo
decidió solicitar a la UE, con carácter de urgencia, la apertura de una
delegación en Canarias de la Agencia Europea de Control de Fronteras
Exteriores (Frontex). El Consejo de Ministros acordó también pedir a
Bruselas apoyo logístico, a través de Frontex, que coordine el despliegue
de medios marítimos y aéreos europeos contra la inmigración ilegal.
   Para convencer a la UE de la urgencia de este respaldo logístico, que
incluye un despliegue de personal especializado, la vicepresidenta primera
del Ejecutivo, Teresa Fernández de la Vega, viajará la próxima semana a
Bruselas, donde se reunirá con los diferentes comisarios competentes en la
materia y con el presidente de la Comisión Europea. Sin embargo, parece
que en esta ocasión los buenos oficios de De la Vega no darán los frutos
deseados.
   La CE ya advirtió ayer de que prestará a España apoyo
económico, jurídico o logístico, pero no de manera inmediata, informa
Enrique López. Aunque considera que se trata de un «problema europeo»,
recordó que la política europea de lucha contra la inmigración ilegal es a
medio y largo plazo. De momento, en junio una delegación comunitaria
conocerá sobre el terreno, es decir en Canarias, la crisis actual.
   Embajadas. Mientras llega la ayuda europea, el Ejecutivo dio ayer su
plácet a los ejes sobre los que pivota el denominado «Plan África», que se
aprobará definitivamente en las próximas semanas. El refuerzo de la
presencia política e institucional española en África con la creación de
tres nuevas embajadas en Mali, Sudán y Cabo Verde y la constitución de
nuevas oficinas técnicas de cooperación, así como el fomento de la
cooperación con países emisores de «sin papeles» en el control de sus
fronteras y en la readmisión de los mismos constituyen las líneas maestras
de este plan. El programa prevé también la participación española en el
afianzamiento de la democracia en África. De ahí que el Consejo de
Ministros diera ayer su beneplácito al envío, previa autorización del
Congreso, de 130 militares al Congo para velar por la transparencia de su
proceso hacia la democracia.
   Además de dar su visto bueno a los ejes
de este programa y decidir ante las dimensiones de la crisis la
conveniencia de demandar una vez más ayuda a la UE, el Consejo de
Ministros dedicó ayer gran parte de su reunión a analizar la situación que
está generando la llegada masiva de cayucos a Canarias. A su término, De
la Vega comenzó su comparecencia ante la prensa con una advertencia: «es
incierto que entrar en España sea hoy más fácil». Visión que, a su juicio,
se intenta cale en la opinión pública a veces de manera intencionada, en
alusión a las declaraciones del secretario general del PP, quien ayer
achacó la marea de «sin papeles» a la política «irresponsable» del
presidente del Gobierno.
   Como prueba de que hoy es más complicado
penetrar las fronteras españolas, resaltó que la entrada de subsaharianos
en patera cayó un 24% desde 2005 a marzo de 2006. Aunque se espera un
repunte estos meses, «este porcentaje demuestra que no hay más presión de
ilegales, sino un desplazamiento de los flujos migratorios hacia el sur».
   Estas cifras no mitigan la preocupación del presidente canario, Adán
Martín, que ayer, en una declaración desesperada, mostró su disposición a
acudir al mismísimo Rey, si Zapatero no le atiende en La Moncloa para
analizar la crisis que vive su autonomía, informa Ep. De la Vega, que
habla varias veces al día con Martín, insistió en que el presidente lo
recibirá cuando su agenda lo permita. Además, reiteró que Adán Martín
conoce al detalle las medidas que adopta el Gobierno español, como la
ayuda de tres millones que aprobó ayer para la atención de los inmigrantes
en Canarias.