Madrid – «Por el interés te quiero Andrés», proclama un antiguo dicho
español que define de forma clara el objetivo que persiguen los
matrimonios de conveniencia, un fenómeno social que se expande en nuestro
país a golpe de talonario. En tan sólo cinco años, los enlaces simulados
se han triplicado en España. Así lo confirman las fuentes consultadas del
Ministerio de Justicia, que revelan que los recursos desestimados por
matrimonio en los diferentes registros civiles de nuestra geografía
pasaron de 70 durante el año 2000 a los 259 del 2005, cifras que se
traducen en un aumento del 236 por ciento.
   En las bodas fraudulentas
no hay arroz para homenajear a los novios. Ni familiares que lloran de
emoción ni fotógrafos que inmortalizan el momento o castillos artificiales
a la puerta de los juzgados. Y a veces, sin ningún disimulo, como aseguran
desde varios registros civiles, los padrinos se repiten.
   Pautas más
restrictivas. Empeñado en atajar este fenómeno, el Ministerio de Justicia
ha instado a los registros civiles a que apliquen pautas más restrictivas
para detectar el fraude cuando uno de los cónyuges esté domiciliado en el
extranjero, caso en el que ambos deben someterse, por separado, a un
interrogatorio para elaborar un expediente previo al matrimonio que pasa
tres filtros: el de los funcionarios del Registro Civil, el del fiscal y
el del juez, quien, en última instancia, puede anular la celebración del
enlace.
   Los funcionarios de los registros deben averiguar en la
entrevista si cada uno de los contrayentes conoce los datos personales
básicos del otro, algo que no ocurre en muchas ocasiones. Así, por
ejemplo, en el registro de Albacete han denegado permisos para contraer
enlaces a parejas en las que él no sabía el número de hijos que tenía su
futura esposa o desconocía el nombre de ésta.
   Tres son los
factores que pueden hacer sospechar que la unión es puramente mercantil:
que exista una gran diferencia de edad entre los contrayentes, el
pertenecer a distintos países o el hecho de que uno de ellos sea
inmigrante sin regularizar. «Se les pregunta dónde empezaron su relación,
si conocen a la familia de su pareja y sobre sus relaciones anteriores
para evitar que los novios salgan del juzgado y se vayan cada uno por su
lado», explica el magistrado del registro civil de Alicante, Luis Segovia.
Tras los procesos de regularización, asegura el juez, «muchos de los
extranjeros que quedaron sin legalizar trataron de conseguir los papeles
mediante este sistema».
   En esta ciudad, cuando uno de los
contrayentes es un extranjero no legalizado o existen dudas acerca de su
identidad, se pasan sus datos a la Policía Judicial para evitar los
matrimonios en los que ha mediado un grupo organizado que ha proporcionado
documentación falsa.
   Ninguna ciudad española es ajena a este
fenómeno social. «En los dos últimos años los matrimonios de complacencia
han sido una explosión, aunque pocas veces se llega a tener certeza moral
plena de que estamos en presencia de una simulación», sostiene la
magistrada responsable del registro civil de Santander, Laura Cuevas.
   La mirada y el corazón. La picaresca es variada, asegura un oficial de
este registro, quien recuerda el caso de dos contrayentes, un cántabro y
una oriental, que no hablaban el mismo idioma y no podían comunicarse.
Cuando les preguntaron cómo se entendían, el hombre contestó que «con la
mirada y el corazón».
   Desde las islas Baleares, el juez
Julio López confirma que en los últimos meses ha anulado una decena de
matrimonios pactados. No obstante, destaca que «un juez no puede
convertirse en policía del amor» y que es difícil discernir cuándo la
unión está basada en el amor o en el negocio. «No podemos hurgar en la
intimidad de esa gente. ¿Por qué un chico cubano de 20 años no se puede
enamorar de una española de 60 o más años? ¿Quién está autorizado para
negar el consentimiento a un matrimonio de esas características, o
similares? Las meras sospechas en estos casos no bastan».
   Internet es sin duda el instrumento más empleado para apañar un
matrimonio de conveniencia. «Soy argentina y vivo en Málaga. Busco urgente
matrimonio para regularizar mi situación. Pagaría 4.000 euros al casarme y
al obtener la nacionalidad»; «Cubano de 35 años busca chica española para
casamiento por conveniencia para obtener papeles en España y poder
trabajar allí. Ofrezco máximo 3.000 euros».
   Parejas
disponibles en la Red. Anuncios como éstos están a la orden del día en el
ciberespacio, donde la ley de la oferta y la demanda constituye un
auténtico negocio; donde el matrimonio se ofrece como una preciada
mercancía de la que los españoles tampoco dudan en sacar partido: «Nos
llamamos Pilar e Iván, somos una pareja española de 23 y 26 años que se
ofrece para matrimonio con extranjeros que quieran la nacionalidad
española por 6.000 euros cada uno».
   ¿Constituyen un delito
estas bodas mercantiles? «En ciertos casos, los que conciertan estos
matrimonios podrían ser acusados de un delito de promoción o
favorecimiento de la inmigración ilegal», explica el abogado Javier Alonso.
   Junto a los enlaces pactados en los que hay un intercambio económico,
también se dan otro tipo de enlaces simulados en los que se produce un
engaño de una de las partes a costa de la otra, señala el letrado: «La
finalidad más frecuente utilizada es locativa, cuando una persona quiere
instalarse en un territorio a través de la vía matrimonial, una jugada que
tratan de erradicar los tribunales declarando la nulidad de muchos de
ellos».
   Se trata de extranjeros procedentes de países con
economías subdesarrolladas que se casan con españoles y que tras uno o dos
años de fingido amor se divorcian y sacan una pensión compensatoria del
marido o esposa incauta. «Son verdaderas actrices y actores que conocen
muy bien el marco jurídico y cómo desenvolverse. Si además tienen hijos
con el incauto hacen el negocio del siglo», explica Alonso.
   La
forma de maximizar el negocio del matrimonio, indica, es casarse varias
veces en diferentes registros, «un delito de bigamia en el que hay
verdaderos profesionales que se casan con inmigrantes por dinero sin
divorciarse previamente».