Madrid – «Sentimos alegría, pero también dolor. Estas cosas deberían
terminar de una vez. Es duro pasar de nuevo por todo». Son las palabras de
Paulina, la madre de Ndombele Augusto Domingos, asesinado a puñaladas en
julio de 2002 en la zona de ocio de Costa Polvoranca, en Alcorcón, cuando
sólo tenía 16 años. Su presunto asesino, el portero de la discoteca Inn,
José David Fuertes, alias «el Tocho», fue absuelto entonces por falta de
pruebas. Posteriormente, el juicio fue anulado. Ahora todo vuelve a
empezar y la familia espera que por fin se haga justicia.
   Irregularidades. «El jurado popular del primer juicio cometió un
error», comenta Esteban Ibarra, presidente de la Asociación Contra la
Intolerancia, «pero el juez tenía la oportunidad de devolver el veredicto
y reiniciar el juicio, y no lo hizo». Todo el proceso, que en principio
parecía sencillo, fue un cúmulo de oscuridades. Primero, la muerte por
supuesto suicidio de uno de los implicados en la reyerta. Después, varios
testigos que modificaron sus declaraciones. La gota que colmó el vaso fue
la aportación del padre de uno de los supuestos testigos presenciales de
la defensa, que declaró que su hijo no había estado en el lugar la noche
de los hechos y que había recibido amenazas para que testificase a favor
del portero implicado. Su denuncia ratifica la opinión de Paulina de que
«ha habido una mentira dentro, una mafia dentro».
   Dura
reprimenda. La sentencia inicial fue descalificada por el Tribunal
Superior de Justicia y posteriormente por el Supremo, que observaron una
grave falta de motivación y de pruebas, además de considerar que era
«ilógica, arbitraria y mal redactada». Así, el juicio habrá de repetirse
desde un principio.
   «Pido a Dios que me de fuerza para luchar y
paciencia», dice Paulina, madre de otros siete hijos; una familia que,
según Ibarra, vive «un luto perpetuo» desde el crimen. «Nunca más voy a
volver a verlo, y sé que no lo recuperaré», declaraba ayer la madre, «pero
lo que dice la ley tiene que cumplirse y ese hombre debe ir a la cárcel».
   Racismo. Ella y su entorno siguen considerando que el crimen tuvo tintes
claramente xenófobos. «Llevo casi quince años aquí y mis hijos se han
criado con blancos sin ningún problema, pero en este caso concreto fue un
asesinato totalmente racista». El pasado como cabezas rapadas de algunos
de los implicados puede dar peso a esta argumentación, y poco podrá ayudar
al acusado, además, su reiterado desacato. Tanto en los días previos al
anterior juicio como ante la nueva citación, su reacción fue la huida. En
esta ocasión ha estado desaparecido 49 días, entregándose finalmente.
Ibarra considera que esta actitud debería ser interpretada «como un
indicio de culpabilidad. Un inocente no se esconde».
   Problema
de fondo. Asimismo, afirmó que existe un problema de fondo en la
contratación de vigilantes de discotecas. «Se infringe la ley de seguridad
privada sistemáticamente. Se recluta a personas que a menudo provienen de
los ambientes más infames, entre ellos el de los cabezas rapadas».
Paulina, por su parte, imploraba la ayuda de otras madres: «muchas han
pasado por algo así, y mañana podría ser cualquier otro. Les pido que me
ayuden, si no, será muy duro».