EL voluntarismo del Gobierno en materia de inmigración volvió a demostrarse ayer con la aprobación del «Plan África», marca de lo que ha sido calificado como el «despliegue diplomático» que habría de permitir a España frenar la avalancha continua de inmigrantes ilegales hacia las Islas Canarias. A esta iniciativa se le podría haber dado algún beneficio de duda si se hubiera puesto en marcha mucho antes, pero ahora está viciada por la falta de crédito del Ejecutivo con su política sobre inmigración. El Ejecutivo ha llegado tarde a los acontecimientos, pese a que una lógica primaria habría advertido que, tras la crisis de la valla de Melilla el pasado año y la presión sobre Marruecos, las mafias buscarían otras vías. Empezaron por Mauritania, y también el Gobierno llegó tarde, aunque estaba alertado desde diciembre por la Guardia Civil de que se estaban produciendo naufragios de cayucos con destino a las costas canarias. La reacción, tres meses después, fue muy similar a la de ahora, cuando el turno parece que le ha tocado a Senegal: más reuniones, medidas de aparente gran calado y organización de un «despliegue diplomático» que tampoco es el primero, pues Moratinos ya protagonizó una gira por África a finales de 2005. Nada consiguió.

Estamos ante la historia de un fracaso. Hace un año, el ministro Caldera se atrevió a afirmar que España era «la envidia de Europa» por la regularización masiva de inmigrantes, y la secretaria de Estado de inmigración se comprometió a no dejar una bolsa de inmigrantes irregulares como la recibida. Este desparpajo inconsistente en la dirección de la política migratoria se está pagando muy costosamente. De forma principal, en situaciones dramáticas para los propios inmigrantes, porque hoy nadie puede negar que aquella regularización masiva ocasionó un «efecto llamada». Aunque ahora el Gobierno diga que el que «no tiene papeles, se va», el mensaje que ha llegado a las mafias de la inmigración es el de que «quien no tiene papeles, se queda».

La inmigración ilegal ha llegado al punto de convertirse en un problema de seguridad nacional – no sólo de estabilidad social e integración laboral – que debe ser abordado con un planteamiento coherente, en términos políticos y económicos. Los cayucos o las pateras representan la cara más trágica de la inmigración ilegal, pero implican a un porcentaje mínimo de los inmigrantes irregulares que entran en España, frente a los que entran a través de los aeropuertos – gracias a visados de «turista» – y de la frontera francesa. La estrategia del Gobierno no puede consistir en actuaciones esporádicas mediante reuniones de urgencia y movilizaciones diplomáticas. Esta forma sincopada de tratar la inmigración es lo que ha sumido el problema en un caos, y al Gobierno, en el descrédito. Está bien pedir ayuda económica a Bruselas – aunque tampoco se ve que en esto el Gobierno español esté siendo muy persuasivo – , pero a Bruselas también habrá que atenderla cuando la mayoría de los Estados miembros de la UE claman contra la «envidiable» política de concesión de papeles en España.

Cuanto más se tarde en abordar medidas drásticas en la contención de la inmigración, más graves se harán esas medidas. No cabe duda de que hay que propiciar el desarrollo económico en los lugares de origen, pero tal propósito se enmarca en largos plazos y exigiría cambios sustanciales en los gobiernos de esos países, empezando por la erradicación de la corrupción. Entre tanto, el Gobierno español ha de considerar la previsión de presupuestos extraordinarios para dotar a la lucha contra la inmigración de medios suficientes, porque se tiene que acabar la política de parcheo. La participación de las Fuerzas Armadas se está haciendo inevitable en aguas jurisdiccionales y fuera de ellas. Han de establecerse controles de los visados de turista en origen y durante la estancia en España. No es admisible que la frontera francesa sea un coladero de autobuses cargados de irregulares. Los países de origen que no cumplan los convenios de repatriación deben recibir una respuesta contundente por parte del Gobierno.

Y todo esto exige mucho dinero, medios humanos y materiales e infraestructuras, pero si no se toman decisiones ahora, mañana serán más onerosas, cuando sea aún más difícil revertir la situación. Resulta evidente que es la Unión Europea la que debe liderar esta tarea y comenzar a trabajar en poner remedio a esta marea incontenible. Parece claro que España en solitario no puede. Todo ese «esfuerzo diplomático» que moviliza cuando se agudiza la crisis sería mucho más efectivo si fuera toda la UE la que presionara a los países de origen para que mejoren su colaboración.