EL martes, al analizar la oleada récord de inmigrantes subsaharianos que se abate sobre las costas de Canarias, concluíamos que las autoridades españolas afrontaban un problema que tenía sus raíces en la brecha de pobreza que separa Europa de África y que, en consecuencia, era toda la Unión Europea la que debía implicarse en el despliegue de la panoplia de medidas que se precisan para atajarlo. Ayer, el Consejo de Ministros aprobó el plan África, que prevé reforzar la presencia diplomática española en el continente negro y activar la repatriación de inmigrantes irregulares. Paralelamente, el Gobierno pedía ayuda a la UE para que, a través de la Agencia Europea de Control de Fronteras Exteriores, ponga en marcha una delegación específica, de coordinación, seguridad y control, en Canarias.
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El apoyo logístico de la UE, con ayuda material y desplazamiento de expertos, puede servir para frenar la actual avalancha migratoria, mejorar la asistencia humanitaria y combatir las mafias que trafican con la desesperación humana. Sin embargo, el problema de fondo va más allá de las medidas de seguridad y exige un compromiso activo del conjunto de la UE en el desarrollo de África, el continente marginado de la globalización. La política de poner barreras al campo ha mostrado sus límites en otros contextos migratorios. Es el caso de la decisión de EE. UU. de ampliar en 600 kilómetros el muro de seguridad en la frontera con México y los efectivos de la Guardia Nacional. Estas medidas, de corte duro, están destinadas a compensar los planes para regularizar de facto a una mayoría de los 12 millones de sin papeles del país.
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Si Estados Unidos, la primera potencia mundial y con más de 200 años de existencia, no encuentra una fórmula mágica para reducir la fractura Norte – Sur, es evidente que son más las limitaciones de la UE, con una unidad política aún embrionaria. La solución, en las dos orillas del Atlántico, no puede ser idéntica, ya que tampoco lo son las realidades socioeconómicas que abonan el problema, pero en ambos casos se precisa combinar las políticas de seguridad con la necesaria cooperación económica con los países emisores de migración.
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