El Consejo de Ministros aprobó ayer una acción de respuesta extraordinaria, denominada Plan África 2006 – 2008, para hacer frente a la masiva llegada de inmigrantes indocumentados a las costas de Tenerife, El Hierro, Fuerteventura y La Gomera. Sin embargo, este plan de refuerzo de la presencia política y diplomática española en el África subsahariana, posiblemente oportuno, será a todas luces insuficiente para cortar las masivas expediciones de ‘sin papeles’ organizadas por mafias que trafican con seres humanos y que están llegando al extremo de fletar barcos nodriza desde los que lanzan los cayucos hacia las costas canarias. Si la misión de los diez diplomáticos que se desplazarán a ese continente es procurar acuerdos de repatriación con los países de donde salen los ocupantes de los cayucos, habría que pensar en contraprestaciones económicas. Teresa Fernández de la Vega hablaba ayer de ayudas en materia educativa, sanitaria y de cooperación al desarrollo, pero sin facilitar cifras, quizás a la espera de que la aportación española se englobe en una acción europea.

Es difícil evaluar un plan que no va acompañado de dotación presupuestaria específica. Bien es cierto que tampoco se conocen los costes en medios materiales y humanos del control de fronteras y de la acogida a quienes llegan en frágiles embarcaciones. Este desconcierto se aprecia también en la tardanza del Ejecutivo e incluso del Parlamento en su misión de control, para plantear enérgicamente a la Unión Europea el cumplimiento del compromiso de todos sus socios en la salvaguarda de las fronteras del espacio comunitario. Ahora se pide apoyo logístico a la UE y una delegación especial de la Agencia Europea de Fronteras para Canarias. No es el primer gobierno que hace esas peticiones y ojalá sea ésta la primera vez que se atiende a las mismas desde Bruselas por parte de una Unión incapaz de aprobar una política común en materia de inmigración.