Por enésima vez se bate el récord de inmigrantes llegados a nuestras costas. Y, por enésima vez, el Gobierno anuncia un plan de choque contra la inmigración ilegal. Sin embargo, los hechos no dejan en buen lugar las intenciones del Ejecutivo. Sólo en lo que va de 2006 han llegado más subsaharianos que en todo 2005.

Desde enero de ese año el Gobierno canario le solicitaba al central ayuda para elaborar un Plan de Inmigración que tardó seis meses en aprobarse y que incluía ayuda humanitaria y la implantación del SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior). Meses más tarde, cuando los sin papeles trataban de acceder a la Península a través de Ceuta y Melilla, Moratinos se apresuró a solicitar a Europa la elaboración de un plan Marshall para Africa, que se resolvió con un incremento sustancial de las ayudas de Bruselas.Entonces el Gobierno aceleró la firma de acuerdos con Marruecos para evitar que continuara el flujo de inmigrantes. Las buenas relaciones entre Madrid y Rabat favorecieron su éxito.

Las corrientes migratorias se desplazaron otra vez hacia el sur, lo que obligó al Gobierno a acelerar acuerdos con los países emisores. El martes pasado, tras una nueva avalancha, la vicepresidenta Fernández de la Vega afirmó que iban a incrementarse los controles en el Atlántico mediante refuerzos aeronavales e implantando un sistema de vigilancia por satélite.

Ayer, el Ejecutivo rebautizó como Plan Africa las medidas urgentes contra la inmigración ilegal. El plan incluye, de nuevo, el refuerzo del control de las fronteras, acuerdos bilaterales de cooperación con varios países africanos, la apertura de embajadas en Malí, Sudán y Cabo Verde y, sobre todo, la solicitud a Bruselas de que se comprometa con urgencia a paliar la gravísima situación que asola la frontera entre el Primer y el Tercer Mundo.

El Gobierno es consciente del problema y no está cerrando los ojos, pero da la sensación de que no lo aborda con la suficiente contundencia. El Plan Africa se pierde en argumentos desiderativos y programáticos. Habla de afianzar la democracia en Africa, luchar contra la pobreza o fomentar la cooperación cultural. Por ahí pasa la única solución posible aunque a muy largo plazo de un problema estructural. No obstante, conviene ser realistas, y la urgencia del drama de los sin papeles exige respuestas mucho más eficaces, concretas y de efecto inmediato. Y en ellas, Bruselas debe implicarse inmediatamente, aunque hace un año el Ejecutivo desoyera a la UE cuando le aconsejó no emprender una regularización masiva.