Madrid – Al menos 15.000 subsaharianos que llevan más de tres años en
España, y que cuentan con una oferta de trabajo e informes favorables de
los ayuntamientos en los que acreditan que están integrados, están
condenados a la ilegalidad por un vacío de la Ley de Extranjería.
   Cualquier inmigrante que reúna estos requisitos puede regularizar en estos
momentos su situación en España acogiéndose a la vía que se conoce como
«arraigo social» si adjunta, además, un certificado que demuestre que no
tiene antecedentes penales en su país de origen, un requisito imposible de
cumplir para los subsaharianos procedentes de países africanos anglófonos,
como Nigeria, Sierra Leona y Liberia.
   Volver a la patera. El
problema de fondo es que mientras un ecuatoriano, por poner un ejemplo,
resolvería este trámite sin trasladarse hasta Ecuador, un nigeriano
tendría que viajar hasta la capital, Abuja, y solicitar personalmente en
el Ministerio de Exteriores de su país el documento que acredite que no ha
cometido ningún delito y posteriormente repetir la operación en la
embajada de España en Nigeria porque la legislación de sus países así lo
exige, aunque en la práctica no lo cumpla y sólo requiera la obligación de
personarse en la embajada española.
   En el caso extremo de que
el inmigrante en cuestión decidiera viajar a su país para obtener el
documento, tendría que volver a poner en riesgo su vida y repetir la
difícil y no siempre exitosa operación de intentar entrar en España en
patera o saltando el vallado fronterizo de Ceuta o Melilla, porque carece
de la documentación necesaria que le habilite para entrar legalmente en
nuestro país. Y todo porque la Ley de Extranjería no especifica ni da
soluciones sobre qué hacer con los países que no emiten certificados de
penales si el inmigrante no comparece personalmente para cumplir el
trámite. En otros casos se da la circunstancia de que España no tiene
embajada en el país de origen del inmigrante, con lo que no podría obtener
el documento acreditativo de ninguna forma. Casos como este tampoco los
contempla la Ley de Extranjería ni el reglamento que la desarrolla. La
Coordinadora de Abogados de Extranjería de la Comunidad de Madrid expuso
hace algunos meses a la Secretaría de Estado de Inmigración las trabas con
las que se encuentran los subsaharianos pero, hasta la fecha, no ha
aportado soluciones, según informó Ángeles Chinarro, portavoz de la
coordinadora. En esta situación se encuentran más de 15.000 subsaharianos
en toda España, según Chinarro.
   En cambio, durante la
regularización extraordinaria que se abordó el año pasado y que el
Gobierno aún no ha conseguido cerrar, el Ejecutivo, que también exigía un
certificado de antecedentes penales a los inmigrantes para concederles los
papeles, permitió que los extranjeros resolviesen este trámite en sus
respectivas embajadas en Madrid.
   Pero ésta no es la única traba con
la que se topan los subsaharianos. «El Reglamento de Extranjería ha dejado
otro vacío legal al no regular la posibilidad de que obtengan un permiso
de trabajo y residencia una vez que la Policía les concede la cédula de
inscripción (una especie de «DNI » para el inmigrante), cuando antes de
que entrase en vigor la norma llevaba implícita la obtención del permiso»,
denunció Chinarro.
   Retorno pagado. Situaciones como éstas
«hacen que muchos extranjeros opten por utilizar documentos falsos a
cambio de sumas astronómicas o bien alquilen autorizaciones de trabajo a
amigos o conocidos a cambio de una suma mensual de dinero», añadió. No
obstante, algunas autonomías, como la de Madrid, han puesto en marcha un
programa pionero de retorno voluntario que financia el viaje en avión y
tres meses de estancia en el país de origen para que el inmigrante pueda
resolver trámites burocráticos pendientes y después regresar a España.