I. R. T.

VALENCIA. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis de la Rúa, denunció ayer la «avalancha extraordinaria» de matrimonios fraudulentos o de conveniencia, especialmente entre ciudadanos cubanos. «Nos casamos. conseguimos la nacionalidad y después disolvemos el matrimonio y si te he visto no me acuerdo». Era la forma con la que De la Rúa ilustraba un fraude que se ha detectado en los registros civiles de la Comunidad.

El presidente del Alto Tribunal no aportó cifras exactas, aunque precisó que durante 2005 firmó más de 3.000 legalizaciones de documentos internacionales. Muchos de esos documentos correspondían a adopciones interancionales, pero «una gran parte» de los mismos eran solictudes de cubanos que aspiraban a conseguir la nacionalidad por vía matrimonial. «Presentan documentos relacionados con Cuba, probablemente como medio para venirse a España y, mediante el matrimonio, conseguir de forma inmediata el derecho a lograr la nacionalidad», subrayó el presidente del Alto Tribunal Valenciano para ilustrar un problema que no es exclusivo de la Comunidad Valenciana, como reconoció el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Luis Aguiar, durante la clausura del encuentro de presidente de Tribunales Superiores de España que se ha celebrado en Valencia.

Registros especializados

En las conclusiones de dichas jornadas, los presidentes de los altos tribunales autonómicos denuncian el estado de «abandondo» en el que se encuentran los registros civiles, que tienen que afrontar con escasos medios un incremento incesante de «problemas jurídicos, humanos y morales» como consecuencia de la inmigración. Las incripciones de nacionalidad y los expedientes matrimoniales «se multiplican» como consecuencia del «fenómeno migratorio», que según los magistrados hace necesario «especializar» los registros en los temas más «acuciantes». Los presidentes de los TSJ insisten en la necesidad de crear juzgados comarcales de violencia sobre la mujer para tramitar un máximo de 800 expedientes al año y acabar así con las «serias disfunciones» que se aprecian en los juzgados creados hace un año para tratar esta materia ya que tienen una «carga de trabajo inabarcable».

Además, mostraron su preocupación ante las posibles «distorsiones» que puedan producirse como consecuencia de la futura oficina judicial, que atribuye a los secretarios competencias que hasta ahora ejercen los jueces.