EN EL ANDAMIO

JOSÉ LUIS JIMÉNEZ

La Asociación Unificada de Guardias Civiles denunció ayer el «absoluto derroche» que supone mantener 17 patrulleras de la Guardia Civil en el puerto de Valencia, donde gobierna el PP, con motivo de la celebración de la Copa América cuando hay otras «necesidades», principalmente para el control de la inmigración en Canarias, donde no se sabe quien manda. AUGC asegura que las funciones que realizan estas patrulleras en Valencia, vigilancia y control del campo de regatas, es desarrollada en cualquier otra competición por embarcaciones de la propia organización y que la Guardia Civil actúa únicamente cuando no se obedecen las instrucciones de los organizadores. Debe ser que la AUGC no sabe que hay un equipo de Sudáfrica en la Copa América y que hay un africano, León Boissier, dirigiendo el Desafío Español. Quizás estén vigilando a esos africanos.

Lo que pasa es que la AUGC no ha contado todo lo que sabe. Porque una de las patrulleras que tiene el cuerpo de seguridad es propiedad del Gobierno de Canarias cedida por el PP en la época de Guigou como titular autonómico de Pesca. Ya ha preguntado Mauricio Rodríguez que qué normativa sigue el Ministerio de Hacienda para el pago de las facturas del combustible en una unidad marítima que no es propiedad del Estado. Dice el sindicato de los guardias civiles, se puede llamar así, que en las Islas hay cuatro patrulleras en Las Palmas – 1 de altura (Río Guadalupe) y 3 medias – , mientras que en Gran Canaria hay una patrullera media; y en Fuerteventura hay una patrullera de altura y otra media. Y que hay otra patrullera media parada por revisión. A buenas horas, mangas verdes. Gracias a la AUGC las mafias de la inmigración ya tienen más datos para animar a los ilegales a venir a Canarias. Es que hay poca vigilancia, lo dicen hasta los propios agentes, le dirán al tataranieto de Lumbumba, que debe estar estos días por Senegal a la espera de hacer trayecto en una patera XXL.

Curiosamente, la AUGC no ha dicho nada sobre la escasez de medios de seguridad cuando el Gobierno de Canarias viene reclamando el control de las competencias en materia de aguas interiores y vigilancia costera. Como el espacio aéreo de las Islas Canarias, controlado desde Casablanca.