Mientras el Gobierno ataba los últimos flecos de su gestión de la primera crisis similar en materia de inmigración se ha topado de frente con la segunda y mayor oleada.

Las gestiones se saldaron entonces con 170 inmigrantes repatriados y aproximadamente 900 traslados a diferentes puntos de la España peninsular. Ahora, cuando se va a poner en marcha la «ofensiva diplomática» anunciada por María Teresa Fernández de la Vega, el Gobierno canario y representantes del partido que lo forma, como el senador por Tenerife, Ricardo Melchior, han perdido definitivamente la paciencia.

«A mi nadie me va a poner una mordaza» decía ayer el presidente canario, Adán Martín, seguro de que «Zapatero debe tener más interés por verme él a mí que yo a él», por resolver lo que es «un problema de Estado al que no se está prestando la atención necesaria».

Para Melchior, el Gobierno no ha tomado conciencia sobre la gravedad del problema y estimó que el Ejecutivo estatal no se está tomando la situación «con la rigurosidad y seriedad que necesitamos», opinión en la que, paradójicamente, coincide con el PP de Canarias.