Bush viaja hasta el sector fronterizo de Yuma, la «zona cero» del problema de la inmigración ilegal

PEDRO RODRÍGUEZ. CORRESPONSAL

WASHINGTON. Dentro del complicado, tenso y trascendental debate político sobre qué hacer con los más de doce millones de inmigrantes ilegales acumulados por la mayor economía del mundo, el Senado de Estados Unidos ha entonado una especie de colectivo «Opá, yo viazé un corrá» votando por abrumadora mayoría a favor de la construcción de una triple valla de seguridad en las secciones más porosas de la frontera con México. Decisión acompañada por el respaldo a la posibilidad de que los «indocumentados» que cumplan con una serie de requisitos puedan eventualmente regularizar su precaria situación.

La medida de seguridad fronteriza, aprobada por 83 votos a favor y 16 en contra, contempla elevar casi seiscientos kilómetros de un sofisticado nuevo muro de separación en la frontera del Río Grande, además de ochocientos kilómetros adicionales de barreras y obstáculos para impedir la circulación de vehículos.

A la hora de defender esta enmienda valorada en mil millones de dólares, su patrocinador el senador Jeff Sessions, republicano de Alabama, no ha parafraseado al «Koala» sino al laureado poeta Robert Frost insistiendo en que «las buenas cercas producen buenos vecinos».

Como la Cámara de Representantes ya se pronunció en diciembre a favor de la opción cercadora, con la aquiescencia del Senado materializada durante los debates del miércoles por la noche, se da por seguro que cualquier reforma de inmigración que pueda emanar del Congreso de Estados Unidos incluirá la opción de una valla de seguridad denigrada con vehemencia por el gobierno de México hasta tal punto que hoy enviará una carta diplomática sobre este asunto a Washington. Aunque la versión de la Cámara Alta se concentra en el segmento más transitado de Arizona y San Diego, deja abierta la posibilidad de reforzar también las vallas ya existentes en los otros 3.200 kilómetros de frontera sur.

Con estas intenciones, la Administración Bush se prepara para en las próximas dos semanas abrir una licitación pública entre las grandes empresas militares de Estados Unidos para encontrar la manera de inyectar tecnología en la vigilancia de las fronteras comunes con Canadá y México. Lockheed Martin, Raytheon y Northrop Grumman, según informaba ayer el New York Times, aspiran a recolocar para uso doméstico algunos de los sistemas ya vendidos al Pentágono para su utilización en Irak o Afganistán: desde aviones no tripulados, hasta satélites de vigilancia pasando por sensores de detención de movimiento.

Todo este énfasis en seguridad fronteriza, amplificado por los planes de la Casa Blanca para desplegar seis mil efectivos de la Guardia Nacional, se está presentando en Washington como la otra cara de una moneda que también debería incluir un proceso de regularización. Opción respaldada por demócratas, sectores empresariales y la Administración Bush pero vetada por los elementos más conservadores del Partido Republicano que insisten en cuestionar la legitimidad de «recompensar» con derechos de ciudadanía a personas que han entrado de forma ilegal en Estados Unidos.

«Una amnistía»

Según ha advertido el diputado republicano James Sensenbrenner, líder de ese núcleo duro de oposición en la Cámara de Representantes, «a pesar de todo lo que diga el presidente, lo que él propone es una amnistía». Posición que ilustra las dificultades pendientes en esta singladura parlamentaria para acuñar una viable reforma de inmigración ya que Sensenbrenner, como presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, participará en las negociaciones de una versión final consensuada.

Para impulsar un elusivo compromiso en este debate, el presidente Bush viajó ayer hasta el sector fronterizo de Yuma, Arizona, considerado como la «zona cero» del dramático problema de la inmigración ilegal que sufre el gigante americano. El destacamento de la Patrulla de Fronteras en esa zona intercepta entre 300 y 450 «indocumentados» al día, con jornadas de multiplicada actividad donde se pueden registrar hasta más de ochocientas detenciones.