BILBAO- Los gobiernos de Canarias, Nafarroa, Catalunya, Melilla, la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Attica, Nouvelle Aquitaine y el País Vasco plantean que Europa debe responder “colaborativamente” y bajo el “principio de corresponsabilidad” al reto migratorio. La fórmula para atender a los miles de inmigrantes, refugiados y menores que cada año llegan al continente europeo que ha sido impulsada por el Gobierno vasco y se denomina Propuesta Share servirá también para mejorar la respuesta actual, compartiendo el esfuerzo entre territorios e instituciones, y para anticipar la llegada y las necesidades de las personas que emigran.

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, y la viceconsejera de Políticas Sociales, Lide Amilibia, expusieron ayer en Gasteiz los pasos dados hasta ahora para presentar la Propuesta Share a los gobiernos regionales y a las instituciones europeas. Destacaron que, además de los ejecutivos que ya han asumido los planteamientos de la propuesta y que ayer realizaron sus propias presentaciones públicas, “otra veintena de gobiernos están valorando su adhesión a esta propuesta en un proceso que todavía está dando sus primeros pasos y, por tanto, está abierto”. Anunciaron también que el siguiente paso será llevar esta iniciativa a las instituciones comunes y a los gobiernos estatales. En este sentido, Jonan Fernández señaló que el Gobierno español ya la conoce y la “usa como referencia” en algunas materias relacionadas con la migración.

PROPUESTA ABIERTALa Propuesta Share plantea el reparto de migrantes entre países europeos y comunidades autónomas en función de los ingresos fiscales o la Renta Media Disponible o el PIB, la población y el índice de desempleo. El nivel económico de una zona tendría un peso del 50% en el baremo de reparto;la población, un 30%, y el paro, un 20%. No obstante dijeron los representantes del Gobierno vasco, esta propuesta es un punto de partida “abierto”, de forma que sus parámetros e incidencia porcentual están sometidos al “más amplio consenso”.

Jonan Fernández afirmó ayer que “en materia migratoria en Europa se puede hacer más y mejor”, ya que la respuesta que se está dando es “insuficiente”. “Los gobiernos subestatales estamos dispuestos a implicarnos y tenemos algo que decir y que aportar”, subrayó el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación. Ayer, los ocho gobiernos regionales que apoyan la propuesta hicieron una presentación simultánea y avanzaron los próximos pasos. Sin embargo, la cercanía de las elecciones europeas puede suponer un retraso para la implicación de las instituciones comunitarias. Así, Jonan Fernández dijo que les gustaría que esta propuesta se pusiera en marcha “cuanto antes”, pero reconoció que “no es fácil” porque nos encontramos “en plena campaña electoral” en las instituciones europeas, por lo que “costará” que se constituyan todos los órganos de gobierno.

Según explicó, la puesta en marcha de esta iniciativa supondría contar con un “modelo compartido para afrontar el hecho migratorio” algo que ahora no existe y que “supone un déficit muy importante dentro de la respuesta a los retos migratorios que hay en Europa y cada una de sus regiones”. “Habría una manera compartida de abordar las situaciones que generan especial preocupación. Este sería el gran avance”, añadió.

Respecto a las cifras de la inmigración, Jonan Fernández señaló que “desde que se inició la crisis, Euskadi ha atendido a alrededor de 2.000 personas refugiadas” y “en los últimos años, anualmente unas 10.000 personas inmigrantes se integran con absoluta normalidad en la vida social y laboral de Euskadi”. “Hay procesos de integración que están funcionando bien y que indican que tenemos necesidad de la inmigración, desde el punto de vista del mercado laboral, y que los cauces de acogida e integración funcionan bien, aunque siempre puede haber espacios que planteen mayor dificultad o situaciones nuevas a las que tenemos que responder”, señaló.

El Gobierno vasco destacó que el marco y objetivo último de la propuesta es promover la convivencia y la inclusión. “La novedad es su carácter transversal, pero también que gobiernos subestatales traslademos nuestra predisposición a asumir este compromiso”.

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