Un edificio castigado por los más de 80 años de historia que sostiene y con el carácter hostil que le confiere haber sido una prisión durante la Segunda República y el franquismo se convirtió en el destino de las personas en situación administrativa irregular que llegan a Gran Canaria en busca de oportunidades. Las deficiencias con las que contaba el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco hacían que incumpliera los requisitos estipulados por el Ministerio de Interior. Esto abrió la posibilidad de reconvertir la antigua prisión provincial de Las Palmas en un centro de memoria histórica. Sin embargo, con un presupuesto de 1.041.315,26 euros, la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial adjudicó a Acciona Construcción la reforma del inmueble para que pudiera seguir siendo un CIE. Las obras comenzaron el 29 de agosto de 2018 con un plazo de ejecución máximo de seis meses. Según lo establecido en el contrato, el proceso debía haber concluido en febrero. Tres meses más tarde, el centro sigue en reformas y, pese a las movilizaciones en favor del cierre definitivo de estos espacios, la incertidumbre sobre su posible reapertura como CIE se mantiene.

El Gobierno de Canarias detalla que «en el curso de la ejecución de determinadas demoliciones de muros de carga y su sustitución por estructuras metálicas ha sido necesario adoptar determinadas soluciones constructivas» que ralentizaron los trabajos, dando lugar a la necesidad de autorización de una ampliación del plazo de ejecución en dos meses y medio, y que finalizará este mes de mayo. Aun así, añaden que «es previsible que para finalizar los trabajos sea necesaria una nueva ampliación hasta el 15 de junio».

La eficiencia de la reclusión de las personas migrantes en los CIE como método «preventivo y cautelar» planteada por el Gobierno en materia de extranjería en el marco de una «lógica deportadora» ha quedado en cuestión en numerosas ocasiones. Según datos emitidos por la Defensora del Pueblo y recogidos en la Propuesta para la Patrimonialización y puesta en uso social del CIE de Barranco Seco en Gran Canaria, elaborado por la Plataforma Canarias Libre de CIE, en el centro grancanario solo fue expulsado el 0,6% de las personas internadas en 2016 y en el de Hoya Fría, en Tenerife, sucedió lo mismo con el 12%.

En los programas electorales de los principales partidos, solo Podemos recogía el cierre definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros.

En este momento, el único dispositivo de este tipo en funcionamiento es el de Hoya Fría, después de que el Estado ordenara el cierre del de Fuerteventura, en el que se gastaron «millones de euros de fondos públicos» pese a estar vacío.