Los tribunales superiores de Justicia de las 17 comunidades autónomas alertaron ayer en Valencia de la «avalancha extraordinaria» de matrimonios de conveniencia que se han producido en los últimos años. Gran parte de estas bodas están protagonizadas por ciudadanos cubanos que se casan con españoles «para venirse» a la península y «adquirir la nacionalidad» en este país, tal y como apuntó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Juan Luis de la Rúa.

Sólo en esta región, el representante de los magistrados de Valencia, Alicante y Castellón firmó en 2005 un total de 3.000 legalizaciones de documentos relacionados con estas cuestiones de extranjería.Una buena porción de los escritos estaba vinculada a adopciones, mientras que otros casos afectaban a personas de origen cubano que aterrizaban en España, deseosas de llevar una vida nueva en Europa. La boda fraudulenta o nula se convirtió en el medio más rápido para que obtuviesen la residencia tan anhelada.

De la Rúa no emitió una cifra de casos semejantes relativos a esta clase de matrimonios. Sin embargo, sí calificó de «objetivos» estos datos revelados. Sostuvo que se trata de circunstancias que se producen «cada día más… Parece que es una forma de conveniencia para obtener la nacionalidad». Acto seguido, el presidente del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana no reprimió una broma: «Después, disolvemos el matrimonio, y si te he visto, no me acuerdo».

Estos mensajes fueron expuestos nada más concluir el encuentro anual de presidentes de los tribunales superiores. Sin embargo no fueron los únicos balances que quedaron determinados al término de las reuniones, que se prolongaron durante tres días. Una declaración institucional de estos máximos responsables de la Justicia advirtió de la necesidad de atender los asuntos sobre inmigración y sobre violencia contra la mujer. Los magistrados alertaron de la falta de personal indispensable para ocuparse de tales causas.

De la Rúa y el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Luis Aguiar presidieron el acto. Según marca el informe de valoraciones de las jornadas, ambos quedaron preocupados por el «incremento de problemas jurídicos, humanos y morales que supone la inmigración».Por tal motivo, pidieron al Gobierno que atendiese el abandono de los registros civiles en España para dotarlos de mayor modernización.

A lo largo del encuentro se formularon hasta 33 preocupaciones distintas, elaboradas en un informe de declaración institucional y de puesta en común.

Las inquietudes giraron también en torno al régimen de sustituciones, a las transferencias de competencias en materia de Administración de Justicia, a la consideración sobre una revisión de la demarcación y a la planta de la Justicia y las experiencias sobre la nueva oficina judicial.