La Asamblea Nacional francesa aprobó ayer sin sorpresas la nueva ley de inmigración que endurece las condiciones de regularización, norma que ha suscitado el rechazo de las asociaciones cristianas y defensoras de los derechos humanos. El ministro del Interior, Nicolás Sarkozy, defendió su proyecto de «inmigración a la carta», con el que sólo podrán entrar legalmente en el país aquellos que desempeñen profesiones deficitarias en el mercado laboral galo.

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Gira por África

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Acusado por la izquierda de utilizar esta ley, que se tramita por vía de urgencia, para atraer los votos del ultraderechista Frente Nacional, Sarkozy se embarcó ayer mismo en una gira por África para intentar explicar la nueva política de admisión de inmigrantes. En Malí, la oposición ha convocado protestas en la calle por «la política de represión del Gobierno de París contra los trabajadores extranjeros». Los estudiantes de Benín, siguiente escala, le acusan de «actuar como los negreros, que elegían a los mejores hombres y mujeres como esclavos».

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Sarkozy parte de la base de que «el sistema actual de integración francés no funciona» y por ello la nueva ley favorece la llegada de mano de obra cualificada y estudiantes destacados. En las condiciones para el reagrupamiento familiar se aumenta el plazo de residencia y se obliga al demandante a justificar ingresos y a suscribir «los principios que rigen la República» para evitar la poligamia. Los inmigrantes deberán firmar un contrato que les obliga a hablar el idioma y demostrar una «formación cívica» antes de obtener el permiso de residencia. Se duplica el tiempo de convivencia de los cónyuges de matrimonios mixtos para la obtención de la nacionalidad y se suprime la regularización automática al cabo de 10 años de residencia.

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En un comunicado varias asociaciones aseguran que «este es un día de vergüenza y de cólera para todos los defensores de los derechos de los inmigrantes».