Aunque el número de extranjeros no deja de crecer en el municipio, más de cuatro mil inmigrantes procedentes de fuera de la Unión Europea serán borrados del padrón municipal, porque ellos no dan señales de vida y el Ayuntamiento afirma que comprobar si continúan viviendo en Cartagena y en qué condiciones lo hacen es una tarea de la Delegación del Gobierno en la Región.

Para actualizar el padrón municipal (que alcanza ya los 204.571 habitantes), la corporación mandó una carta a los más de diez mil extranjeros no comunitarios que están inscritos como residentes en el municipio. En ella, les informaba de que debían ir al edificio administrativo del Ayuntamiento para renovar esta inscripción, un requisito que deben cumplir cada dos años quienes no tienen permiso de residencia permanente.

Aunque a través de la Concejalía de Interior, que dirige Pedro Martínez Stutz, se les envió una segunda carta al domicilio en que dijeron estar viviendo, esos extranjeros, que en su mayoría son de origen magrebí, no han cumplido su obligación. Y ahora, al no presentar su permiso de residencia o el pasaporte, perderán su condición de ciudadanos de Cartagena.

Abuso y falta de higiene

Al margen de poner al día el padrón, con este proceso el Ayuntamiento quería saber si hay inmigrantes que vivan hacinados y dónde, puesto que Servicios Sociales ha detectado en varias ocasiones viviendas donde, en condiciones de falta de higiene y inseguridad, vivían en régimen de alquiler abusivo muchos extranjeros, incluidas familias.

Y, aunque fuentes municipales indicaron que el municipio no tiene problemas de hacinamiento de inmigrantes (en total, suponen casi el 12% de la población), también señalaron que el Ayuntamiento no tiene medios para evitar que en una vivienda se empadrone más gente de la que cabe en una situación normal, entre otras cosas porque desconoce las dimensiones de las viviendas. «Aquí no hay constancia de si las viviendas donde se empadronan los extranjeros tienen 50, 200 o 500 metros», señaló un funcionario municipal relacionado con esta materia.

Esta circunstancia fue rechazada por el edil Martínez Stutz, quien señaló que se está aplicando la prohibición de que se inscriban en una casa más personas de las que aconsejan su capacidad, incluso aunque no hay una ordenanza que regule esta cuestión.

Las mismas fuentes indicaron que, ante un indicio de hacinamiento, el consistorio sí puede pedir a Servicios Sociales «que pase revista» a la vivienda. «Pero eso ralentiza mucho la actualización del padrón», añadieron. Entre los barrios con mayores problemas, figura la zona de Monte Sacro, en el centro de la ciudad.