CRUZ MORCILLO

MADRID. El Gobierno ha anunciado una nueva «ofensiva diplomática» dirigida a los países africanos exportadores de inmigración tras la última oleada de cayucos en Canarias, donde el goteo continúa. Una pata del tercer plan que ha tenido que improvisar el Ejecutivo en tres meses, esta vez bautizado como «plan África», está dirigida a «convencer» a determinados gobiernos de que acepten a sus inmigrantes irregulares o lo que es lo mismo a firmar convenios de readmisión, un imposible desde hace casi tres años. Cuando se llega a un principio de acuerdo, luego no se ratifica o directamente se incumple el pacto como ha ocurrido, por ejemplo, con Guinea Bissau (firmado en febrero de 2003), según confirmaron fuentes de Exteriores.

Los objetivos inmediatos son Senegal, Mali, Cabo Verde, Guinea – Conakry, Guinea Bissau y Sierra Leona. Los dos primeros son prioritarios para España, dado que de ellos procede en este momento el grueso de subsaharianos «sin papeles» – casi todos los ocupantes de las últimas embarcaciones son senegales – . Sin embargo, son Mali y Senegal «los huesos más duros de roer», aseveran fuentes diplomáticas. «Es duro decirlo, pero prácticamente viven de la inmigración ilegal. Es su fuente más importante de ingresos, de ahí que se nieguen una y otra vez a suscribir acuerdos», señalan fuentes diplomáticas.

Como avanzadilla del plan, Zapatero ha remitido cartas a los presidentes de estos dos países, al de Guinea – Bissau y al primer ministro de Níger pidiéndoles colaboración. En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, destacó ayer en el Congreso la respuesta «positiva» que han dado ya estos países. «Les puedo asegurar que la respuesta fue positiva y que van a tratar de corresponsabilizarse para gestionarlo juntos porque es la única manera de enfrentarnos a este problema», señaló con motivo de una interpelación urgente presentada por CiU, informa Efe. El ministro no mencionó, sin embargo, los sucesivos fracasos diplomáticos de los últimos meses para tratar de llegar a este tipo de acuerdos o a otros encaminados a detener las salidas masivas.

El tema de las repatriaciones es complejo y muy costoso. El primer problema para devolver a inmigrantes subsaharianos, entren por las vallas de Ceuta y Melilla o vía marítima, es que casi todos están indocumentados. El segundo, que sus países de origen, suponiendo que pueda constatarse de dónde proceden, se niegan a documentarlos. Por tanto, la expulsión es imposible según nuestra ley de Extranjería, aunque exista acuerdo de readmisión vigente con ese país. Ahí, empieza el camino de la ilegalidad y la supervivencia para el inmigrante.

No obstante, en la mayoría de los casos ni siquiera hay acuerdo, de forma que aceptar o no a sus nacionales es un asunto de «buena voluntad». «Algunos, como Ghana, aceptan repatriaciones discretas de dos o tres personas, lo que rechazan rotundamente es que fletemos un avión completo por el impacto mediático que supone para quienes están pensando emprender la aventura», explican fuentes de Exteriores. «Demuestra que no hace falta acuerdos de readmisión para que éstas se produzcan de forma efectiva. Cabo Verde, por ejemplo, está aceptando a sus nacionales y no tenemos convenios, y está deteniendo cayucos, que es aún más insólito».

Suscribir un acuerdo significa para los expertos «un plus de voluntad política». Las resistencias tienen, como se ha dicho, una razón claramente económica. «Muchos funcionarios cobran por mirar para otro lado y eso es difícil de contrarrestar», apuntan fuentes policiales. «Nos enfrentamos a la falta de Estado en muchos países africanos; esa es la diferencia con Marruecos, que si decide sellar la frontera lo hace. Pero el resto, no. Necesitamos información y adelantarnos a las mafias de la inmigración, que por cierto, saben casi de antemano cuándo y dónde se firman los acuerdos y encarecen el viaje ante los riesgos adicionales».